Ya nada sorprende. Desde que Gustavo Petro llegó al poder, la anormalidad se convirtió en costumbre, y el caos, en bandera de gobierno. La reciente escena en La Alpujarra de Medellín —donde sacó a jefes de bandas criminales a una tarima pública— fue apenas el preámbulo de una jugada aún más peligrosa: suspender las extradiciones de narcotraficantes solicitados por Estados Unidos.
La medida, promovida por su nuevo “superministro” de Justicia, Eduardo Montealegre (sí, el mismo que confundió justicia con ideología durante su paso por la Fiscalía), confirma lo que muchos advertimos desde el inicio del llamado “cambio”: que Petro no busca gobernar, sino asegurarse impunidad y perpetuar el poder, cueste lo que cueste.
Suspender las extradiciones no es una acción aislada ni una maniobra jurídica cualquiera. Es parte de un engranaje cuidadosamente diseñado para proteger a los aliados del régimen: narcotraficantes, exguerrilleros, cabecillas de bandas y criminales de todo tipo que, bajo esta administración, no enfrentan una justicia implacable, sino una mano amiga. La excusa siempre es la misma: la paz. Pero la realidad es que esta “paz total” se ha convertido en el disfraz perfecto para rendir el Estado ante el crimen organizado.
Mientras los líderes sociales siguen siendo asesinados, mientras la Fuerza Pública es humillada, y el campesino y el ganadero viven bajo la amenaza del secuestro y la extorsión, los criminales desfilan en plazas públicas como gestores de reconciliación.
Y mientras tanto, el presidente multiplica sus distracciones. Habla de golpes blandos, conspiraciones invisibles, enemigos en la prensa, en la justicia y hasta en la historia. Todo es una amenaza externa, excepto su propio desgobierno. La estrategia es clara: saturar la opinión pública con humo para que nadie mire lo evidente. Y lo evidente es que Colombia atraviesa una de las peores crisis institucionales y de seguridad de su historia reciente.
Las cifras no mienten: el control territorial de los grupos armados ha aumentado, el secuestro ha vuelto con fuerza, el reclutamiento de menores persiste, y las masacres se repiten con alarmante frecuencia. ¿Dónde está el presidente? Con los victimarios, no con las víctimas.
Lo más preocupante es que todo esto apunta a un objetivo más profundo y peligroso: Petro no quiere entregar el poder en 2026. Su último año de mandato, si no lo frenan las instituciones, será el trampolín para su permanencia. Ya lo vimos en 2022, cuando la corrupción lubricó su ascenso. La supuesta “ola de esperanza” fue en realidad una operación electoral apoyada por maquinaria comprada, pactos oscuros, caciques reciclados y estructuras criminales disfrazadas de activismo social.
Hoy, con un país polarizado y anestesiado por los discursos, se prepara el terreno para un fraude con apariencia democrática, o incluso para una asamblea constituyente que le permita reelegirse por la puerta trasera.
La responsabilidad de este caos no es de una “mano negra”, ni de “enemigos de la paz”, ni de “medios vendidos”, como insiste la narrativa oficial. Es del gobierno. Un gobierno que ha preferido aliarse con quienes destruyen el país, y ha optado por desacreditar, perseguir y abandonar a quienes lo defienden.
Petro no está desafiando a Estados Unidos con esta nueva política de extradición. Lo que está haciendo es ratificar que su proyecto no es antiimperialista, ni revolucionario, ni de justicia social. Es un pacto con la delincuencia. Porque en el fondo, el presidente no está del lado de quienes quieren transformar el país, sino del lado de quienes lo han saqueado a punta de fusiles, cocaína y miedo.
Rumbo al 2026, la verdadera disputa no será entre izquierda y derecha, ni entre pueblo y élites. Será entre legalidad y barbarie, entre Estado de Derecho y crimen organizado, entre democracia y dictadura. Y en ese pulso, la línea que separa al gobierno de la delincuencia se ha borrado peligrosamente.
Hoy, más que nunca, Colombia necesita despertar. Porque si el presente ya duele, el futuro podría ser simplemente irreversible.
