En una contundente acción preventiva, la Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre el estado de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, al emitir la Circular No. 011, dirigida a las empresas prestadoras de acueducto, alcantarillado y aseo, recordándoles que la continuidad, calidad y cobertura del servicio son obligaciones legales, no compromisos opcionales.
La medida llega en medio de crecientes denuncias ciudadanas sobre cortes prolongados de agua potable, deficiencias en la recolección de basuras y riesgos sanitarios en múltiples municipios, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
El órgano de control fue claro: los prestadores deben garantizar agua potable con un Índice de Riesgo de Calidad (IRCA) entre 0% y 5%, lo que significa agua apta para el consumo humano. Además, se debe mantener una continuidad mínima del servicio entre 18 y 24 horas al día, como lo establece la Ley 142 de 1994.
“No se trata de prestar el servicio a ratos, ni con agua contaminada. La ley es clara y exige calidad, permanencia y cobertura”, subraya el comunicado oficial.
La circular también reitera que la operación del servicio de aseo debe minimizar impactos negativos, como la dispersión de residuos en vía pública, y cumplir con lo estipulado en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), para proteger la salud pública.
Más allá del llamado técnico, el mensaje de fondo de la Procuraduría es político e institucional: el incumplimiento de estos estándares no solo pone en riesgo la salud de millones de ciudadanos, sino que puede comprometer la gobernabilidad local y desencadenar investigaciones disciplinarias.
El Ministerio Público advierte que su acción busca prevenir irregularidades que puedan derivar en sanciones, malversación de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y violaciones a los derechos fundamentales de la población.
“Los recursos públicos están destinados a garantizar servicios eficientes, no a alimentar esquemas de negligencia o corrupción”, enfatiza la Procuraduría.
Con esta circular, el ente de control lanza una señal directa a las empresas prestadoras, alcaldes y gobernadores: se acabaron las excusas. La Procuraduría activará su capacidad sancionatoria ante omisiones o gestiones ineficaces.
La ciudadanía, por su parte, encuentra en este pronunciamiento un respaldo institucional en medio de años de precariedad en el acceso a servicios básicos. Organizaciones sociales y veedurías han aplaudido la decisión, pero piden que se traduzca en acciones reales y sanciones ejemplares contra los responsables de vulnerar el derecho al agua y al saneamiento.
En un país donde millones aún hierven el agua antes de beberla o deben comprar botellones para sobrevivir, la advertencia de la Procuraduría no puede caer en saco roto. Lo que está en juego no es solo la eficiencia de un servicio, sino la dignidad y la salud de los colombianos.
