Después de ocho horas de audiencia sobre el caso por presunta corrupción con los recursos del Plan de Alimentación Escolar PAE 2016 en Cartagena que investiga la Fiscalía General de la Nación, un Juez de Control de Garantías legalizó los operativos de allanamiento y captura del ex alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez, de su Secretario de Educación, Germán Arturo Sierra Anaya, de la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo, al igual que la captura de la representante legal del Consorcio Pro- Escolares 2016, Sandra Milena Mercado Santoya. También se legalizaron las capturas de David Reynaldo Camacho Benítez y de la supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez Ballestas.
El Juez determinó que la imputación de cargos y medida se aseguramiento se hará este viernes a partir de las diez de la mañana.
De acuerdo con el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, el ente acusador solicitará medida intramuros e imputará cargos por los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Los hechos:
Para la época la Administración Distrital de Cartagena de Indias celebró dos contratos para el cubrimiento de la Alimentación Escolar PAE en las Instituciones oficiales; el primero suscrito el 13 de abril con la fundación REDCOMde la ciudad de Pasto mediante la modalidad de urgencia manifiesta por $8.427.924.090 y el segundo el 5 de agosto de 2016 con el Consorcio PRO-ESCOLARES 2016por la suma de $15.831.468.135 más una adición de $7.886.489.492 para un valor total de $23.717.957.627mediante la modalidad de licitación pública.
De acuerdo con el análisis hecho por los investigadores en el primer contrato se advierte que el ente territorial de manera irregular incurrió en una serie de omisiones que de manera directa lesionaron principios esenciales como la transparencia y selección objetiva por cuanto dichos actos negligentes NO permitieron iniciar en momento oportuno el proceso de escogencia del contratista mediante un proceso de selección entre varios oferentes hecho que finalmente y desencadenó o provocó en la celebración del contrato mediante la modalidad de contratación directa bajo la causal de urgencia manifiesta.
No obstante a la modalidad utilizada para adjudicar el contrato a través de urgencia manifiesta la Administración Distrital quiso dar apariencia de transparencia invitando de manera privada a dos oferentes pero la evidencia documental escrutada señala que incluso desde antes que se decretará la urgencia manifiesta ya se había direccionado la adjudicación del contrato a favor de REDCOM.
Durante la ejecución del contrato se adquirieron productos que en últimas afectan el verdadero valor del contrato compraron $2.736.225 unidades de pan y realmente entregaron 1.024.956, creando así un detrimento contractual de $667.869.989 de igual manera se compraron insumos que no fueron nunca entregados cómo es la canela por $39.845.000 además de productos comprados con precios dentro de la misma factura referenciados dos veces por valores superiores que ascienden a $61.769.840. En total el detrimento asciende a $766.609.829 para contrato de urgencia manifiesta.
En el segundo contrato la Administración Distrital el 29 de diciembre de 2016 de manera irregular suscribió un otrosí al contrato para adicionar en la suma de $7.886 millones que representa el 49,62% del valor inicial so pretexto de asegurar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar PAE calendario escolar 2017 evidenciándose lesión a principios esenciales de la contratación administrativa como el de la transparencia y selección objetiva. La Administración debió iniciar un nuevo proceso de selección mediante licitación Pública para escoger el operador de 2017.
En la ejecución de este contrato se hallaron costos superiores a la realidad ejecutada; en primer lugar se compraron insumos superiores por parte del consorcio durante el mes de diciembre de 2016 por $3.873.368.000 cuando los escolares se encontraban en vacaciones desde el 28 de noviembre. En segundo lugar se realizaron compras de carnes en el período octubre con precios superiores al valor del mercado creando sobreprecios por $537.386.328. Se compró kilo de pechuga de pollo a $40.000 entre otros, causando en total un detrimento económico de $4.410.754.328 en la ejecución de este contrato.
