El empresario David Reynaldo Camacho Benítez capturado por el CTI de la Fiscalía y vinculado a una investigación por presuntas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar PAE de Cartagena 2016 según las autoridades través de dos empresas, hizo 339 contrataciones en todo el país por un valor de 561.802’950.041 millones de pesos.
Las investigaciones permitieron establecer que Camacho Benítez, quien es considerado por las autoridades como el “Zar de la Alimentación” contrató el PAE en 30 municipios de Bolívar, entre los que están: Magangué, Mahates, María La Baja, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del Sur, Simití, Arjona y Cartagena.
El fiscal que lleva el caso pidió medida intramuros y aseguró que Camacho Benítez, puede ser un riesgo a futuro para seguir contratando debido a la fortaleza que tiene en la región Caribe y al mismo patrón de criminalidad con el que ha operado en otros departamentos del país como es el caso de Santander donde contrató con 44 municipios; en Sucre, donde además de contratar con municipios también lo hizo con la Corporación Autónoma Regional departamental.
Contrató con la alcaldía Mayor de Bogotá y con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, lo mismo que con Cesar, Atlántico y Magdalena.
“Si este hombre queda con otro tipo de medida, podrían obstruir la justicia alterando documentos, interfiriendo a los testigos y manipulando registros contables”, sostiene el fiscal German Peñalosa.
A David Reynaldo Camacho Benítez, le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y coautor a título de dolo de falsedad ideológica en documento privado.
Junto con Camacho Benítez, también fueron capturados el ex alcalde de Cartagena Manolo Duque, el ex secretario de educación del distrito, German Sierra Anaya, las dos representantes de las empresas Redcom y Pre-escolares 2016 y una supervisora de la Alcaldía Mayor.
Las investigaciones apuntan que entre los años 2016 y 2017 las irregularidades detectadas en el PAE Cartagena dejaron un detrimento patrimonial de 5.177’364.157 millones de pesos.