Tras recuperar su libertad por vencimiento de términos luego de estar tras las rejas e inmersa en una investigación por la presunta elección irregular de la ex Contralora Distrital Nubia Fontalvo Hernández, la concejala Angélica Hodeg Durango regresó al Concejo Distrital de Cartagena de Indias proclamándose como independiente y presentando un proyecto de acuerdo.
Contra Hodeg Durango pesa una medida de suspensión proferida por el Partido Verde que no le permite tener voz ni al voto dentro del cabildo.
El senador y director del Partido Verde, Antonio Sanguino, dijo que la concejala no puede seguir violando la ley y la invitó a acatar la sanción que le profirió la colectividad como también a esperar que resuelva su situación jurídica ante la Fiscalía y ante la comisión de ética del Partido que debe tomar una decisión de fondo por su conducta.
La concejala Hodeg Durango aseguró que ya no representa a los verdes y que puede seguir con las actuaciones y facultades propias de un concejal, amparada bajo los derechos individuales de este, los cuales están avalados por la ley y por el reglamento interno del Concejo.
El senador Sanguino le hizo a llamado a la mesa directiva del Concejo de Cartagena de Indias a no ser cómplice y copartícipe de una violación de la ley, lo cual podría traer acciones disciplinarias contra los directivos de la Corporación.
“Rechazamos el regreso de la concejala Hodeg y recordamos a la ciudadanía que ella fue retirada de la militancia verde por no representar nuestra bandera en la lucha contra la corrupción. Es un acto de irresponsabilidad de parte de esta persona tomar posesión de esta curul estando desautorizada y sancionada por nuestro partido y un mensaje desafortunado para la ciudadanía. La corrupción no debe quedar impune ni puede ser premiada”, dijo el precandidato a la Alcaldía de Cartagena, Armando Córdoba Julio al ser consultado por el portal 724noticiasdebolívar.com
El actual presidente del Concejo Distrital, Oscar Marín Villalba estarían contrariando la ley 974 de 2005 la cual establece que los partidos políticos podrán privar de el derecho a la voz y el voto en las Corporaciones Públicas en caso de que sus miembros contraríen sus directrices, hecho por el cual podrían verse inmerso en sanción disciplinaria.