Tras escuchar las inquietudes planteadas por pescadores y prestadores de servicios turísticos en las playas de Bocagrande por el inicio de las obras de Protección Costera, el alcalde (e) de Cartagena de Indias, Pedrito Tomás Pereira Caballero aseguró que tienen todas las garantías de inclusión social. “Como Distrito somos vigilantes del proyecto de Protección Costera y existe toda la voluntad de nuestra parte para hacer valer los derechos de esta población”.
El mandatario dijo que la Protección Costera cuenta con un completo plan de gestión social y sus respectivos recursos económicos, además de unas etapas concretas que permitirán abordar todas las solicitudes. “Valorización Distrital realizará un trabajo técnico para identificar a los comerciantes que merezcan una mitigación tal como está contemplado en el proyecto».
Pereira Caballero, aseguró que el Distrito cumplirá todo lo expuesto en la licencia ambiental “El proyecto de Protección Costera cuenta con la vigilancia de todos los organismos de control y de la Vicepresidencia de la República para garantizar los derechos de los prestadores turísticos y pescadores”.
Ante la preocupación por el censo realizado en el mes de octubre y que género en días pasados una protesta, se revisaron las cifras y se obtuvo un número total de 1070 personas con quienes se socializará el proceso de ejecución de la obra.
“Confiamos en la palabra del Alcalde Pedrito Pereira, quien nos dio seguridad que no se va a causar ningún perjuicio a esta comunidad y esperamos que este proceso termine a satisfacción”, dijo Dionisio Miranda, abogado de los servidores turísticos y pescadores.
El jurista agregó que espera se les garantice el proceso de confianza legítima a todos los 1070 comerciantes identificados. “Esto con el fin que terminada la obra estas personas tengan las garantías de la continuidad de sus labores para el sostenimiento propio y de sus familias”.
Desde el próximo viernes, el Distrito de Cartagena, a través del Departamento de Valorización Distrital, iniciará un trabajo de caracterización y verificación de requisitos individualmente a quienes solicitan la certificación de confianza legítima acompañados por un grupo interdisciplinario de toda la institucionalidad para ofrecer garantías de cumplimiento y transparencia.
