Una investigación conjunta de tipo penal y disciplinaria que busca establecer presuntas irregularidades en la operación de Electricaribe antes y después del proceso de liquidación adelantan Fiscalía, Procuraduria y Contraloria.
El Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira considera que hay razones fiscales y hasta penales para adelantar una investigación por el deficiente servicio de energía que se presta en la Región Caribe.
“Vamos a integrar un grupo elite para que la actuación sea conjunta y podamos hacerle un acompañamiento al proceso que se está anunciando pero también podamos establecer que pasó atrás en la operación del inversionista y el operador que administraba Electricaribe y poder establecer las responsabilidades disciplinarias, fiscales y por supuesto penales si llegasen a existir a partir de una investigación unificada”, dijo Martínez Neira.
La confirmación de esta investigación se hizo en Cartagena de Indias ante los gobernadores de la Región Caribe y alcaldes, el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González; la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño; y la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García.
“Ya estamos trabajando y la razón de nuestra presencia aquí es justamente esa la de hacerle un seguimiento conjunto tanto el proceso que se anuncia como en relación con las actuaciones del pasado”, agregó el fiscal.
La situación financiera de la empresa Electricaribe, está presionada por un déficit de 1,3 billones de pesos únicamente para asegurar la prestación del servicio, reveló la Contraloría General de la República.
“Por condiciones índices, esta sería una compañía que tendría que hacer inversiones cercanas a los $600 mil millones de pesos y en este momento vemos que no supera los $140 mil millones. La Contraloría encontró que la pérdida de capital de trabajo de la compañía inició en el primer trimestre de 2015 y esa situación la llevó a la crisis que hoy afronta, aseguró también el Vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee.
Finalmente dijo que en algún momento habrá que responder por el pasivo pensional de los trabajadores de la empresa y eso implicaría una suma de $1,8 billones de pesos.
