Operaciones conjuntas entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la Armada Nacional permitieron realizar en las ultimas horas realizar 17 allanamientos, 5 capturas en flagrancia y 34 por orden judicial durante la Jornada contra el microtráfico que se cumplió en entornos escolares de Cartagena y El Carmen de Bolívar.
En Cartagena las diligencias se realizaron en los barrios: La Reina, Campestre, San Pedro, El Reposo y el corregimiento de Pontezuela.
En el barrio El Reposo fue capturada la pareja conformada por Anyuris Rodríguez Canasia y Ángel Díaz Váldez, a quienes se les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, luego de hallársele en su residencia 500 gramos de marihuana y 117 pastillas de sedatril –clonazepam – (medicamentos de venta controlada que produce sedación y amnesia).
Un Juez de Control de Garantías decretó legalidad en el allanamiento y cobijó con medida de aseguramiento intramuros en la cárcel de mujeres San Diego a Rodríguez Canasia, mientras que a Díaz Váldez le concedió la libertad, pero continúa vinculado al proceso.
De acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían distribuyendo los estupefacientes en dosis listas para la comercialización, las que al parecer eran vendidas en los alrededores de los centros educativos. “La manera de operar consistía en llevar pocas dosis para evadir los controles de las autoridades argumentando que era una dosis personal”, explicó la directora de la seccional Bolívar, Ibeth Hernández Sampayo.
En el barrio El Progreso se incautaron 160 dosis de cocaína envueltas en hojas de cuaderno y medicamentos de venta restringida y según lo establecido, cada dosis incautada era vendida a los estudiantes de las instituciones educativas contiguas por un valor de $2000. También se evidenció que los expendedores tenían puntos estratégicos para que los estudiantes los ubicaran y así cumplir con las entregas.
Durante esta diligencia fueron capturados dos hombres identificados como Eduardo Rincón López y Alfonso Márquez Ramírez, quienes tienen anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
A pesar la solicitud de la Fiscalía de cobijarlos con una medida restrictiva de la libertad en centro carcelario por considerarlos un peligro para la sociedad, la decisión del Juez fue detención domiciliaria.
