El médico Cesar Augusto Vergara agredido con un casco de moto por familiares de una paciente con sospecha de Covid-19 en la Clínica Estrios de Cartagena no ha podido colocar la denuncia contra el agresor porque no hay quien la reciba en la Fiscalía.
La agresión le causó un trauma craneoencefálico que lo mantiene incapacitado en su residencia. Hoy siente temor y pide apoyo de las autoridades. Asegura que las rondas de la Policía son muy escasas porque los uniformados también tienen temor al contagio.
- La clínica Estríos es uno de los cinco centros hospitalarios que atiende a pacientes con Covid-19 en Cartagena de Indias.
El médico denunció en los medios de comunicación que uno de los familiares de un paciente sospechoso con la enfermedad, lo atacó con el casco de motocicleta, ocasionándole una incapacidad, producto del golpe recibido en la cabeza.
Todo ocurrió porque el galeno les comunicó que era necesario aislar a la paciente por sospecha y los familiares no aceptaron reaccionando de manera violenta contra el personal médico.
Frente a esta grave situación, el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena solicitó acompañamiento permanente de la Policía en los centros hospitalarios para garantizar la integridad física del personal médico y evitar más ataques contra la misión médica.
«En medio de la crisis generada por el Covid-19, y en la cual, con mayor frecuencia hemos visto atacado o amenazado por varios factores nuestro ejercicio profesional, es necesario reflexionar sobre la esencia y razón de ser de nuestro que hacer. El ejercicio de las profesiones de la salud, en especial el de la medicina, se ve comprometido cada vez más por los agentes del entorno; lo que obliga a hacer un llamado enérgico a que cesen las agresiones contra el personal de la salud», conceptuó la directora (e) del Dadis, Johana Bueno Alvarez.
La funcionaria agregó que la protección al personal médico asistencial es fundamental para garantizar el derecho a la salud, incluidos los servicios de urgencias de todo el Distrito de Cartagena. «Impedir su trabajo puede derivar en un aumento de la mortalidad por falta de atención a heridos o enfermos, y un aumento de las enfermedades por falta de tratamiento y de programas de prevención».
