Hace cuatro años Colombia alzó su voz y le dijo no a un plebiscito que buscaba aprobar todo lo que Juan Manuel Santos le concedió a la guerrilla de las Farc en las negociaciones de La Habana, sin importar las trampas para la institucionalidad, la democracia y la esperanza que se le vendió a los ciudadanos.
El mandato del pueblo (6.426.615 votos) fue desconocido por el gobierno Santos. ¡Le hicieron conejo a la democracia! Con esa decisión, avalada por la Corte Constitucional y por el Congreso de la República, sin el voto del Centro Democrático, permitieron que los culpables de crímenes atroces como el secuestro, el reclutamiento de menores o la violación de niñas, entre muchos otros, no pagarán un solo día de cárcel y a cambio se les premiara a algunos de ellos con curules en el Congreso.
No se equivocó el presidente Álvaro Uribe cuando dijo: “Con la impunidad no muere el odio, sino que nacen más violencias”, y así fue. Esos alivios judiciales que Santos le otorgó a las Farc solo sirvieron para premiar sus delitos y para abrirle paso al resurgimiento de otros grupos armados como las mal llamadas disidencias, esas que hoy ya superan los 4.000 hombres alzados en armas, organizados en 18 frentes, y distribuidos en 13 departamentos. Una amenaza para la seguridad y el orden público, dado que su principal fuente de financiamiento es el narcotráfico.
Pero hablemos del ‘conejo’ que las Farc le hicieron a su acuerdo. El inventario de incumplimientos es bastante amplio. Por ejemplo, a la fecha no hay reparación efectiva de las víctimas, quienes se suponía eran el eje central de la negociación; tampoco cumplieron con la entrega de los bienes ni las armas que reportaron, y peor aún, no hay verdad ni arrepentimiento real y genuino de su parte, una burla para quienes vivieron en carne propia la inclemencia de sus acciones.
Revisemos las cifras. De los 15.007 guerrilleros reportados por las Farc, solo 12.767 confirmaron su participación en el proceso de reincorporación a la vida civil. Los demás, incluyendo a tres de sus máximos líderes y negociadores del acuerdo: Jesús Santrich, El Paisa e Iván Márquez volvieron a las armas.
En cuanto al armamento, y según el expresidente Santos, las Farc entregarían 14.000 armas, entre ellas 11.000 fusiles, pero al final solo llegaron a manos de la ONU 8.894. Y el restante, es decir lo reportado, pero no entregado, muy seguramente es lo que desempolvaron quienes se declararon en desacuerdo con el proceso para rearmarse y volver a la criminalidad.
Uno de los temas más sensibles es la entrega de los menores de edad que estaban en la guerrillerada. Para agosto de 2016, la Fiscalía reportaba 6.800, pero entre 2016 y 2017 solo fueron entregados 144. Sobre los 6.656 restantes argumentaron que ya habían alcanzado la mayoría de edad y que no estaban bajo su poder. Pese a ese argumento absurdo, hoy algunos de sus excomandantes como Carlos Antonio Lozada o Timochenko no reconocen ante la JEP, tribunal especialmente creado para garantizarles impunidad, que sí reclutaban menores de edad para sus filas.
Increíblemente olvidaron a los 3.906 menores que llevaron a las filas del Bloque Oriental del “»Mono Jojoy”, a los 819 del Bloque Caribe, los 814 del Bloque Sur y los 732 del Bloque Nororiental, entre otros, que reposan en los expedientes de la Fiscalía. Pero además parece que los líderes de las Farc, que hoy posan de adalides de la moral en el Congreso de la República y ante la opinión pública, también olvidaron a las niñas y jóvenes que abusaron sexualmente, esas que además de ser ultrajadas físicamente también fueron obligadas a abortar. Tenían todo un manifiesto para usar y degradar a la mujer, en especial cuando quedaban en embarazo. Hoy tienen el descaro de negarlo pese a que sus víctimas los han confrontado. Testimonio de ello son las mujeres ultrajadas y que hoy están organizadas en la fundación Rosa Blanca.
Siguiendo con los incumplimientos, no puedo dejar de lado los bienes que, según las Farc, estaban valorados en $964.000 millones; sin embargo, a la fecha se han recibido bienes por cerca de $30 mil millones, de los cuales solo se han monetizado $3.842 millones. Esta es la hora que ni una sola víctima ha sido reparada con recursos de las Farc.
¿Quién le exige cumplimiento a las Farc?… La veeduría internacional no puede ser solo para uno de los firmantes, en este caso para el Gobierno Nacional. Si bien el presidente Duque como senador y candidato presidencial no apoyó el acuerdo de La Habana, al llegar a la Presidencia ha respetado lo pactado, y ha trabajado para cumplirle a esa base guerrillera que sigue haciendo tránsito a la vida civil y a la legalidad. Contrario a lo que hacen las Farc, que no solo no cumplen, sino que hoy no hay quién le exija cumplir. Se burlan del país al negar la comisión de delitos atroces y no entregar los bienes con sus coordenadas de ubicación y condiciones apropiadas para que la Sociedad de Activos Especiales, responsable de su administración, pueda monetizar y contribuir a reparar a las víctimas.
Difícil pedir a las víctimas y a la sociedad en general abrirle espacio al perdón en sus corazones a punta de señalamientos al gobierno y discursos vacíos de los congresistas de las Farc y algunos líderes pro-acuerdo, sin apuntarse con el mismo dedo acusador.
En el marco de implementación del Acuerdo quedaron claros indicadores de compromisos del Gobierno, pero no de las Farc. Este es un acuerdo de una sola vía: que cumplan los próximos tres gobiernos de Colombia que las Farc lo harán si les provoca y no porque les toca. ¡Absurdo! A los negociadores increíblemente se les olvido ese simple detalle, que son dos las partes.
Desde el Centro Democrático seguiremos denunciando los incumplimientos de las Farc, y pidiendo a quienes fueron designados como garantes que aparezcan para exigirles cumplir. Lo mínimo es resarcir a sus víctimas. Recordemos que no hay paz sin justicia ni verdad.
Perfil de la columnista: Economista de la Universidad del Rosario de Bogotá. Maestrías, en Administración Pública de la Universidad de Harvard y otra en Economía Agrícola de la universidad de Cornell en Estados Unidos. Fue ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, directora general de Colciencias (hoy Ministerio de Ciencias), vicerrectora, decana de la facultad de Economía y profesora de la Universidad del Rosario de Bogotá. Actualmente es Senadora de la República por el partido Centro Democrático.
