Esa decisión no es un capricho. Las reformas tributarias intentan tapar el hueco del momento, pero no tocan las causas combinadas que lo abren: un Estado que gasta más de lo que recibe, un mercado laboral en el que más de la mitad de los trabajadores es informal y una economía que crece muy poco.
Primero, hay que ajustar el gasto. Entre 2019 y 2025, el funcionamiento del Gobierno pasó del 14 % al 17,2 % del PIB, y el déficit de 2026 superará el 7 % del PIB. Además, la estrategia de subir impuestos ya mostró sus límites: tras la reforma de 2022, Colombia completó tres años seguidos sin cumplir la meta de recaudo.
Por eso, el ajuste tiene que hacerlo el Estado. El 16 de septiembre radicamos un proyecto que le daba al presidente facultades extraordinarias por seis meses para fusionar y suprimir entidades, con un ahorro de al menos 2 puntos del PIB, unos $40 billones. El Gobierno se opuso, pero después, en la ley de Rescate, pidió aún más facultades. Inexplicable.
El proyecto acierta al reducir a la mitad el gasto en contratistas y bajar un 20 % la nómina estatal. Pero hay elementos que están pendientes. Hay que eliminar entidades, evitar duplicidades de funciones, vender activos que no son estratégicos y recortar el funcionamiento, no la inversión. Disminuir el tamaño del Estado y podar la burocracia es la única forma de que este Gobierno no tenga que presentar otra reforma tributaria en un par de años.
Segundo, la reforma no puede castigar más el empleo formal. El 54,5 % de los ocupados en Colombia es informal; 13 millones de colombianos no cotizan a salud y pensiones y, en su gran mayoría, tampoco pagan impuestos. Ahí está buena parte del problema del recaudo. No pagamos impuestos como deberíamos porque muy pocos están dentro del sistema. Sin una formalización alta, ningún sistema tributario será suficiente.
La ley de Rescate no resuelve este problema. Lo agrava: limita a dos salarios mínimos la exoneración de aportes al SENA, al ICBF y a salud, que hoy cubre hasta los diez salarios mínimos. Esa exoneración nació con la reforma de 2012 y, según un estudio del Banco de la República, redujo la informalidad en 5,3 puntos. Revertirla es desandar uno de los pocos avances reales del país en materia de formalización. Fedesarrollo advirtió que subir los aportes encarece la contratación formal y perpetúa el trabajo por cuenta propia. Para rematar, al trabajador que gana más de dos salarios mínimos le sube la cotización a salud del 4 % al 8 % de su sueldo, lo que reduce su ingreso neto.
Si a eso se suma otro aumento del salario mínimo por encima de la productividad, como el del 24 % de 2026, muchas microempresas (que representan más de 94 de cada 100 empresas formales) van a quebrar o se van a pasar a la informalidad. Incluso algunas grandes empresas que emplean mucha mano de obra, como las del sector floricultor, podrían desaparecer también. Las demás contratarán menos.
Una reforma estructural debe ir en la dirección contraria: bajar los costos laborales, conservar la exoneración de aportes y proteger al microempresario ampliando el Régimen Simple.
Tercero, es imperioso acelerar el crecimiento económico. El Banco de la República espera un crecimiento del 2,0 % para 2026 y apenas del 1,7 % para 2027. Con esas tasas, es muy difícil que Colombia pueda mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y reducir la pobreza a la velocidad que debería. La burocracia y el gasto son el primer freno; los impuestos, el segundo.
La tarifa de renta de las empresas en Colombia es del 35 %, casi 11 puntos por encima del promedio de la OCDE. El proyecto la baja al 31 % en dos años. Acierta, pero sigue muy por encima de las tarifas de los países con los que competimos por el mismo capital. Sin cambiar eso, estamos perdidos, porque será muy difícil incentivar la inversión en el país.
En hidrocarburos y minería, sectores vitales para los ingresos de la Nación, la tarifa puede llegar al 50 %, frente al 21 % en América Latina. A eso se suman la inseguridad, las licencias ambientales y las consultas previas sin plazos ciertos. Argentina y Guyana, y ahora incluso Venezuela, compiten por el mismo capital con menos impuestos, mayor estabilidad normativa y mucho menor riesgo exploratorio.
Cuando la carga tributaria sube demasiado, el recaudo deja de crecer porque la base se achica, como lo muestra la curva de Laffer. Entre 2021 y 2024, el número de personas que declararon patrimonios superiores a $11.000 millones cayó un 28 %, según datos de la DIAN analizados por La Silla Vacía, lo que indica que prefirieron trasladar su capital a otras jurisdicciones o cambiar su residencia fiscal.
La salida es ampliar la base y simplificar el Estatuto Tributario, como ocurre en Irlanda o Estonia, donde solo se gravan las utilidades que las empresas reparten. Son sistemas sencillos, estables y fáciles de cumplir. El nuestro es lo contrario: complejo, lleno de excepciones y reformado constantemente. La inseguridad jurídica es abrumadora.
La ley de Rescate responde a una emergencia real. Pero el país no puede seguir creyendo la mentira de que más impuestos resuelven la crisis. Colombia necesita una reforma estructural: un Estado más pequeño y eficiente, un mercado laboral en el que contratar formalmente cueste menos y un sistema tributario sencillo y competitivo, que atraiga la inversión en lugar de espantarla.
Solo una reforma así estimulará el crecimiento necesario para sacar a la gente de la pobreza, mejorar su calidad de vida y generar mayores ingresos para financiar la inversión que necesita el país.
