Periódicamente ocurre en Cartagena de Indias, así como en otras ciudades y zonas del país, determinados hechos o sucesos que se ponen de moda o se convierten en tendencia como se diría ahora por las redes sociales; en ese orden de ideas a partir del mes de Julio del presente año, cuando el alcalde de la ciudad William Jorge Dau Chamat, siguiendo uno de los compromisos que lo llevaron al Palacio de la Aduana, comenzó a divulgar una presunta serie de irregularidades y actos de corrupción cometidas en administraciones anteriores, lo cual documento e hizo público en tres entregas por medio del denominado “Libro Blanco”.
Las reacciones contra el “Libro Blanco”, de Dau Chamat, no han sido pocas, desde el alcalde (e) anterior y varios exfuncionarios mencionados por el mandatario presumiblemente incursos en actos de corrupción; así mismo pocos días después se dio a conocer a la opinión pública el denominado “Libro de la Verdad”, donde Jackeline Perea Blanco una ex funcionaria de gobiernos anteriores, ha tratado de neutralizar las denuncias de Dau Chamat, exponiendo posibles actos de corrupción al interior de la Administración actual, a fin de restarle credibilidad a las denuncias por éste realizadas.
Siguiendo la línea de los “libros” desde el Concejo Distrital también se han alzado voces que señalan la necesidad de hacer “su Libro Blanco”, como si dentro de las funciones propias de la Corporación no estuviera realizar objetivamente el control pertinente a la Administración de turno, sobre todo cuando en varios miembros de la corporación edilicia aún resuena el vergonzoso episodio de los “libritos”, donde en lenguaje cifrado se hacía mención a las dádivas a recibir por el apoyo brindado para elegir a la Contralora Distrital de entonces, que luego fue destituida y varios concejales privados de la libertad.
Lástima que en todo este rifirrafe, de libros y libritos no impere la objetividad y la justicia, generando las acciones sancionatorias, independientemente en la orilla en la cual se encuentren los actores que hayan trasgredidos las normas fiscales y disciplinarias; lo anterior como consecuencia de haber perdido los organismos de control su naturaleza y razón de ser, como es, proteger y defender los recursos públicos y actuaciones de los funcionarios desde el punto de vista disciplinario, observando que estos entes, generalmente son tomados por quienes deben ser objeto de control, para que precisamente no exista vigilancia, o por otro lado, arrebatados por alianzas o coaliciones que al decidir a quién escogen, terminan condicionando su accionar en favor de sus intereses personales y no los de la ciudad; convirtiéndose en auspiciadores de actos de corrupción o en cómplices de estos.
Moviéndonos en otra órbita de libros, bien vale la pena recomendar la lectura de “Lo que No borró El Desierto”, de la joven comunicadora social, Diana López Zuleta, quien al quedar huérfana a la edad de 10 años, nunca desistió para que se hiciera justicia y se castigara a los asesinos de su padre, para entonces candidato a la alcaldía de Barrancas (La Guajira) en 1.977, crimen por el cual fue condenado el exgobernador del La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, y donde señala en conversación con su interlocutor. “El gran poder de los corruptos y los asesinos no está en las ametralladoras ni en el dinero que tienen. El gran poder es el miedo que inspiran. Se encargan que todo el mundo les tenga terror y con eso viven tranquilos”*
*Lo que no borró el desierto (pág. 188, Editorial Planeta).
JUAN FRANCISCO CONRADO OVALLE:
