Por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y obtención de documento público falso, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Caldas, judicializó a 10 personas capturadas por la Policía, entre ellas, empleados de dos Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) de Manizales.
De acuerdo con el material probatorio recaudado, algunos de los hoy procesados tenían funciones como seleccionadores, quienes al parecer se encargaban de captar a las personas con fallas en sus vehículos y ofrecerles el certificado de revisión técnico mecánica a pesar de que no cumplieran con los requisitos de ley.
Luego, a través de Whatsapp, un empleado del CDA era contactado para recibir las indicaciones del cliente que llegaría y, dependiendo de las fallas que el vehículo presentara, cobraban entre $10.000 y $40.000. Al ingresar al centro de diagnóstico, llevaban los carros a la plataforma de revisión y luego les expedían su certificado.
De acuerdo con la investigación adelantada desde febrero de 2019, durante el tiempo que esta red de corrupción operó alcanzó a recaudar $3´810.000, producto de la actividad ilícita.
Mediante labores de policía judicial como vigilancias y seguimientos, y la interceptación de comunicaciones, se evidenció cómo los integrantes de la banda contactaban a los clientes y su modus operandi.
Los procesados son: Juan Carlos García Cardona (presunto cabecilla), alias “Juan K”; Jhon Alexánder Torres Parrado, alias “Queso”; Kevin Andrés Marín Zapata, alias “Camarín”; Jesús María Cifuentes Arcila, alias “Chucho”; Federico López Ocampo, alias “Fidodido”; Jorge Julio Cardona Giraldo, alias “El Mono”; Jaime Márquez Herrera, alias “Copito”; Carlos Humberto Henao Henao, alias “Don K”; Fabián Serna Londoño, alias “Mofle”; y Diana Patricia Gil Ramírez, alias “Enfermera”.
Durante las diligencias judiciales aceptaron cargos Henao Henao, López Ocampo, Serna Londoño y Márquez Herrera y al término de las audiencias, un juez de control de garantías les dictó medida no privativa de la libertad a los investigados, pero todos continúan vinculados al proceso.
Por su parte, el Ministerio de Transporte, a través de una entidad que vigila el funcionamiento de los CDA, se encargará de revisar el caso y determinar a qué sanción serán sometidos.
