En más de $300 mil millones calculó la Contraloría General de la República el daño patrimonial generado por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena de Indias.
Se determinaron inconsistencias en la información y soportes de costos y gastos de la operación y se realizó un nuevo cálculo de acuerdo con la TIR pactada en el contrato de concesión como remuneración del concesionario, encontrando que la Tasa Interna de Retorno se habría alcanzado en 2015.
El organismo de control vinculó al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por estos hechos a 7 ex alcaldes de Cartagena de Indias, varios ex directores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, ex gerentes y ex subgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE, quienes son llamados a dar explicaciones sobre los hechos que generaron el detrimento fiscal. Como presuntos responsables fiscales están, además, el propietario de la concesión al igual que el interventor.
El propósito de la Contraloría General de la República es resarcir el detrimento fiscal que se ocasione por un desplazamiento en la satisfacción de la TIR del concesionario con motivo de costos y gastos que no guarden pertinencia, justificación técnica ni razonabilidad con el objeto de dicha concesión.
