Una condena de 19 años y dos meses de prisión impuso un juez de Bogotá en contra del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte Gómez al encontrarlo culpable de corrupción en el caso conocido como “el cartel de la toga”
También deberá pagar una multa de más de $440 millones de pesos y estará inhabilitado por el tiempo de condena que deberá cumplirse en centro carcelario debido a que el juez no aceptó la reclusión domiciliaria y los delitos no permiten su suspensión, los cuales fueron: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias de servidor público. La Fiscalía General de la Nación había planteado una pena carcelaria de 24 años de cárcel y 562 salarios mínimos de multa.
Ricaurte Gömez fue vinculado al proceso desde 2017 como el cerebro detrás de una organización criminal al interior del sistema judicial. Las investigaciones indicaron que el ex magistrado estuvo vinculado al menos con seis casos en los que se habían torcido las decisiones para beneficiar a políticos investigados y aforados constitucionales, a cambio de altas sumas de dinero.
En el entramado de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno se encargaba de acercarse a los denominados ‘clientes’ para pedirles dinero a cambio de la mediación ilegal. Cuando las personas contactadas accedían a pagar, la suma era distribuida entre Ricaurte Gómez y los otros señalados integrantes de la estructura, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones.
La Fiscalía encontró que Ricaurte Gómez cometió al menos tres cohechos a título de dolo, es decir con pleno conocimiento, los cuales se presentaron en casos que se seguían en el despacho de Gustavo Malo Fernández. Uno en contra del ex congresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quien entregó $1.200 millones para dilatar o archivar la investigación en su contra por nexos con grupos paramilitares. En ese soborno, Ricaurte se quedó con $400 millones.
En otro hecho, el ex senador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al ex magistrado le correspondieron dos pagos por 250 y 290 millones de pesos.
Un tercer evento está relacionado con un pago que, al parecer, hizo el ex gobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía para presuntamente demorar un proceso por corrupción “A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal, por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”, reiteró el juez de su pronunciamiento en la pasada audiencia.
En esa ocasión, el juez dijo que tras el exhaustivo análisis del material probatorio, se comprobó que existió una red criminal dentro de la Corte en la que se beneficiaba a servidores públicos que eran investigados por corrupción, bajo el liderazgo de Francisco Ricaurte Gómez y otros funcionarios como Luis Gustavo Moreno y el ex fiscal Alfredo Betín.
