El regreso de los colegios públicos a las clases presenciales ha sacudido las redes sociales recientemente. Tal como ocurre en escenarios de exhibición política, ha sido una discusión encarnecida, pero sin propósito. No ha habido debate. Ha sido una contienda desestructurada, movida por intereses políticos y cálculos electorales. Los argumentos se han diluido entre la polarización, los ataques personales y la incapacidad de los actores políticos de debatir en el verdadero sentido de la palabra, es decir, escuchando los argumentos del otro y priorizando el bienestar de la comunidad educativa.
El asunto es mucho más complejo de lo que parece. La cruda verdad es que la mayoría de los colegios públicos en Colombia no están preparados para la alternancia ni lo estarán sin intervenciones estructurales. Los que se oponen a que la virtualidad continúe critican que Fecode pretenda no volver a clases presenciales hasta que el gobierno solucione todos los problemas de infraestructura, dicen que Fecode se ha equivocado al no impulsar la presencialidad, que no está garantizando los derechos educativos de los niños (como si fuera su responsabilidad y no del Ministerio de Educación), que cómo se les ocurre impedir la presencialidad hasta que vacunen a los maestros.
Me atrevería a suponer que la mayoría de los que alimentan estas discusiones nunca han pisado una escuela pública en una zona marginal. Si lo han hecho, siguen sin entender a qué se refiere Fecode con problemas de infraestructura. Tomemos como ejemplo uno de los colegios públicos más grandes y con mejor infraestructura de Soledad, cuyo nombre me reservaré. Con una población de aproximadamente 3400 estudiantes, este colegio tiene dos baños estudiantiles. Cada baño tiene en su interior unos seis inodoros y tres lavamanos. Es decir, doce inodoros y seis lavamanos para 3400 estudiantes. Como si eso no fuera suficiente, la normalidad es que no haya agua potable. Durante los seis años que estudié en ese colegio, nunca, ni una sola vez, vi salir agua por la llave, ni pude bajar un inodoro o hacer mis necesidades fisiológicas sobre un inodoro limpio.
Lo que los detractores están cuestionando es, en otras palabras: ¿cómo se le ocurre a Fecode pretender el gobierno garantice que los estudiantes se puedan lavar las manos para recibir clases presenciales? Más bien deberíamos preguntarnos ¿por qué hace falta una pandemia para que se nos ocurra pensar que el Estado debería garantizarle a los estudiantes de las escuelas públicas condiciones sanitarias mínimas?
Es cierto que la totalidad de las instituciones educativas en Colombia no están en el mismo estado. No es lo mismo un colegio público en Teusaquillo que uno en Malambo. Sin embargo, la precariedad de las escuelas en Colombia no se limita a las zonas rurales. De hecho, el colegio que puse de ejemplo está ubicado en el corazón del área metropolitana de un municipio que tiene más 600 mil habitantes y que ocupa el tercer lugar en población en la región Caribe. Si ese es el estado de la infraestructura de ese colegio, no quiero imaginarme cuáles son las condiciones de las escuelas ubicadas en zonas geográficamente marginales.
Es imposible pedirle a Fecode y a los padres de familia que crean que un Estado que ha permitido que las escuelas públicas sobrevivan en condiciones tan paupérrimas durante décadas, sea capaz de diseñar un plan seguro para impartir clases presenciales. La credibilidad se construye. No se exige.
Las instituciones de educación que han logrado volver a la alternancia, tanto en Colombia como por fuera, han designado comités enteros para analizar las políticas públicas, los planes de acción nacional ante la contingencia y las condiciones particulares de los estudiantes. Además, le han dado la opción a los padres que no quieran enviar a sus hijos al colegio de continuar atendiendo las clases de manera virtual. Muchos colegios públicos, al menos en el Atlántico, ni siquiera tienen internet, o lo tienen solamente en la sala de informática, que normalmente es una sola para un colegio entero.
Si el gobierno pretende que los colegios públicos regresen a la educación presencial debe proponer un plan de alternancia que garantice las condiciones de bioseguridad mínimas y que además contemple las condiciones socioeconómicos de sus estudiantes y la seguridad de los maestros. Cuando un docente oficial del Distrito de Soledad se enferma y obtiene una incapacidad médica, la institución que le presta servicios de salud envía esa incapacidad directamente a la Secretaría de Educación de Soledad para que al docente le descuenten de su salario los días no laborados por incapacidad médica. Con semejantes condiciones laborales, ¿qué docente puede estar interesado en volver a las clases presenciales sin estar vacunado? En el caso de los estudiantes de las escuelas públicas, sus familias son las más pobres y han sido las más abandonadas durante la pandemia. La mayoría no tiene los recursos mínimos para enviar a sus hijos al colegio, comprar tapabocas, costear el transporte (extremadamente hacinado en Soledad aún con pico y cédula) y alimentarlos.
Es terrible que 7 millones de niños estén encerrados en sus casas sin recibir educación formal o recibiéndola de manera limitada desde hace más de un año. El detrimento en el desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial es incalculable. Es terrible: la desigualdad existe y es sistemática. Las oportunidades no son iguales para todos los niños. La educación en Colombia no está democratizada. Educarse en un colegio público es desde cualquier punto de vista una desventaja. Si antes esa desventaja se limitaba a la calidad de la educación, ahora también incluye el acceso a la educación misma.
Los colegios son escenarios imprescindibles de transformación cultural, especialmente para las personas más humildes que carecen de oportunidades por fuera de sus instituciones educativas. Sin embargo, la solución no es regresar a las clases de manera arbitraria. Hace falta un debate concienzudo y soluciones estructurales, no al problema de la virtualidad, sino al estado de la educación pública. Ese es el verdadero problema.
