Este domingo se cumplen 30 años de la promulgación de la Constitución Política, la primera de nuestra historia con origen democrático y que se diferenciaba de las anteriores por la fuerte defensa de las minorías, de los derechos civiles, políticos y sociales, y por primera vez, del medio ambiente.
Hoy, miles de jóvenes están en las calles exigiendo cambios estructurales, en un ambiente muy similar al de hace tres décadas, lo que inevitablemente nos hace preguntarnos si es que es necesaria una nueva constituyente. Mi respuesta es NO.
Fruto de una coyuntura política, cuyo objetivo era resolver la crisis de la violencia criminal y política y la desigualdad socioeconómica y judicial, la Carta del 91 tiene un valor jurídico y democrático fundamental. Sin embargo, y pese a que representaba un grandísimo avance en materia constitucional y de derechos respecto de la Constitución de 1886, siempre estuvo claro que no era un texto jurídico perfecto.
Pero es que ninguna Constitución lo es, y aunque lo fuera, ningún texto constitucional puede ser solucionar las problemáticas sociales de un país. Esta Constitución puso al ciudadano en una posición privilegiada y sin duda la Acción de Tutela, referente mundial, mecanismo por medio del cual cualquier persona, independientemente de su sexo, edad, lugar de nacimiento, etnia o de cualquier otra particularidad, puede exigir ante un juez la protección de sus derechos fundamentales frente a la actuación de entidades públicas o privadas, fue la gran innovación. Pero pese a todos los avances, Colombia sigue siendo una de las sociedades más violentas y desiguales de América Latina y del mundo. Entonces es preguntarse ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo falta a la Constitución de 1991? Y aunque esas preguntas pueden tener respuestas técnicas, la realidad es que son las decisiones políticas las grandes responsables.
Según la última encuesta del DANE, cerca de un 30% de los hogares colombianos dejó de comer tres comidas al día durante el último año; además, solo en 2021, miles de niños han sido abusados sexualmente y otros miles tuvieron que abandonar sus estudios por falta de recursos. Estas aberrantes y dolorosas cifras, que no son las únicas, son un pequeño pero fehaciente ejemplo de la crisis social en la que está sumergido el país, crisis que se exacerbó a raíz de la pandemia del Covid-19. Y mientras el país se hundía en una de las peores crisis sociales de su historia, el Congreso, en lugar de aportar y ayudar en la búsqueda de soluciones políticas y sociales, hizo oídos sordos y se dedicó a legislar a favor de los banqueros y de los dueños de las grandes. Y el Gobierno, el gran llamado a buscar salidas a esta crisis, continuó gobernando como si nada ocurriera y las pocas “soluciones” que brindó, pretendían solo bajar la presión de los efectos y no corregir las causas. Por ello, la discusión no debe centrarse en una Constituyente, porque ahí no están las causas. Las causas están en la clase política que no entendió que su papel era buscar soluciones y no generar problemas.
