Hoy, las propuestas de los candidatos a corporaciones de elección popular, las arengas de aquellos que salen a protestar en algunos países, el reclamo de algún sector de la sociedad es este: una Renta Básica Universal para reducir la desigualdad, para cerrar la brecha entre ricos y pobres, para redistribuir mejor el ingreso, para atacar con medidas progresivas, de orden fiscal, las fallas e inequidades del mercado. Incluso posturas aparentemente liberales (Bregman, 1988) la justifican como un instrumento para alcanzar mayor “libertad”, unida a una jornada laboral menor, de manera que, el ciudadano elija “libremente” si trabaja o no, y en qué lo hace. Pero ¿es esta medida en realidad eficiente para estos objetivos? Cuando se ha aplicado ¿ha mostrado eficazmente los resultados que ascéticamente le atribuyen sus feligreses? como veremos, esta “utopía” no deja de ser eso.
La RBU desde su nombre nos indica su alcance y origen, es renta, luego es el producto de una explotación económica de capital. Es Básica, porque pretende satisfacer las necesidades mínimas de todos los ciudadanos. Es Universal porque debe ser percibida por absolutamente todos los ciudadanos de una Nación; este último elemento es el más controversial y polémico de todos, como veremos.
El único país democrático que contempló su implementación – con todos sus aspectos teóricos – fue Finlandia (2015), en un programa piloto de una muestra de ciudadanos (2017 y 2018), previo a su incorporación como política de Estado para toda la población. Por los resultados desastrosos que arrojó como evidencia empírica, se prescindió de su aplicación (2019). Así mismo, siguiendo ese orden, Stiglitz fue el único teórico de renombre en promocionar su aplicación para luego recomendar su desmonte en aquellos lugares donde se contemplaba su uso.
La razón principal de descartarla como política pública es que es inmoral que un multimillonario reciba 1 SMMLV (o su equivalente donde no está regulado), al tiempo que una persona de bajos ingresos recibe el mismo monto.
Una de las bases teóricas de la institución plantea que todos los ciudadanos somos dueños de los recursos naturales, de las redes de interacción social, del espectro de ondas electromagnéticas, de las decisiones y preferencias agregadas como agentes económicos, de las obras públicas, y en general, de la propiedad común que hace que la cooperación social coordinada espontáneamente, necesaria para la interacción de los individuos en el mercado, produzca los factores generadores de renta y sus réditos, luego todos debemos participar de tales resultados y, por lo tanto, su aplicación debe ser universal. En la siguiente columna revisaremos la veracidad de este postulado.
No hay que olvidar que el giro de subvenciones directo a personas y familias de bajos ingresos ya existía en muchos países de Latinoamérica y en otros se implementó con la Covid-19. Se denominan: Transferencia Monetaria Condicionada (la favorita del BID y usada en México y Salvador, entre otros) y Transferencia Monetaria No Condicionada (mejor conocida en la Argentina como Plan Social). En ambos casos, su financiación con emisión sin respaldo, produjo inflación. De suerte que, esa TMnC o esa TMC, ve reducido notoriamente su poder adquisitivo en un par de años y el objetivo central, que era garantizar a todos los ciudadanos un ingreso mínimo, estimulando el consumo (recordemos que estas y otras soluciones nacen en la escuela keynesiana, entusiasta adoratriz del consumo como estímulo para la economía), se hace inalcanzable al considerar que las unidades monetarias emitidas por el Banco Central ya no sirven para comprar los bienes que garantizan una subsistencia mínima.
