Con siete candidatos en competencia, hoy se llevan a cabo las elecciones por la presidencia en Chile y, conjuntamente, las de 155 diputados, 27 senadores y se elegirán los consejeros regionales. Según las últimas encuestas de Criteria y Data, dos políticos fungen como favoritos para dirimir la contienda electoral que determinará el sucesor del presidente conservador Sebastián Piñera. Uno de ellos es el exdiputado José Antonio Kast, ultraconservador por el Partido Republicano y, el otro, Gabriel Boric, de la extrema izquierda progresista por la coalición política Apruebo Dignidad. Juntos aspirantes, en sectores diametralmente opuestos, simbolizan la polarización como producto de una profunda división entre los electores.
Una división derivada del fraccionamiento político y económico que vive la sociedad chilena y que desembocó en la Convención Constitucional, la cual busca refundar la nación austral heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet. En términos generales, las propuestas van desde pretender la conservación del sistema económico neoliberal existente, hasta la instauración e implementación de un Estado de bienestar. En adición a los dos candidatos mencionados, aunque con menos opción, las encuestas señalan que también tienen posibilidades Sebastián Sichel, el aspirante de la coalición Chile Podemos Más, y Yasna Provoste del centroizquierdista Nuevo Pacto Social.
Cabe resaltar algunas de las más importantes propuestas de los cuatro candidatos con posibilidades. José Antonio Kast, de 55 años y excandidato presidencial, promueve un modelo ultraliberal con mayor libertad para el mercado y disminuir la participación estatal en la economía. Se opone a los retiros de los fondos previsionales y trabajará para ayudar a las personas desde el Estado sin recurrir a estos fondos, aumentando el empleo para mayores de 60 años y extendiendo la edad de retiro. Gabriel Boric, con 35 años, propone cambiar el modelo chileno por uno de corte europeo que “logre garantizar derechos sociales universales sin importar el tamaño de la billetera de los ciudadanos”. En otras palabras, un gobierno inclusivo donde prevalezca la igualdad de derechos por encima del nivel socio económico.
Sebastián Sichel, de 44 años y exministro de Desarrollo, apuesta por un sistema político de libre mercado priorizando la participación de las pequeñas y medianas empresas, acompañadas de un Estado fortalecido y haciendo que el Estado gaste bien. En sus propias palabras, “no es que el Estado ahorre para transferir, sino que el Estado llegue a los hogares con la plata sin que se quede atrapada en burocracia; achicar el Estado arriba y agrandarlo en el territorio”. Finalmente, Yasna Provoste, con 51 años, la única mujer, senadora demócrata-cristiana y exministra de Michelle Bachelet, defiende un modelo de capitalismo que coexista con la creación de más empresas públicas y plantea un plan transitorio para enfrentar la situación económica producida por la pandemia. Sostiene que esta calamidad “generó la caída de 2.4 millones de sectores medios a sectores de pobreza e hizo que la pobreza extrema creciera. Una realidad que requiere un plan de recuperación para sanear la economía, la generación de empleo y la vivienda”.
Así pues, casi 15 millones de chilenos están habilitados para sufragar y decidir quién regirá los destinos del país, pero todo apunta a que el ganador se definirá en segunda vuelta como consecuencia de la marcada polarización política ratificada en las encuestas. Nada extraño, si desde 1999 las presidenciales no se finiquitan en primera vuelta y, por tanto, las alianzas serán decisivas para conocer al nuevo inquilino del Palacio de la Moneda, durante los próximos cuatro años, a partir del 11 de marzo de 2022 hasta 2026.
Ante la probable segunda vuelta electoral presidencial, esta se efectuará el 19 de diciembre del año en curso, dado que los guarismos actuales de las encuestadoras permiten vaticinar que ninguno de los aspirantes a la presidencia alcanzará la mayoría absoluta (50% más 1) de los votos válidamente emitidos para alzarse con la victoria. De ahí que Chile se enfrenta a las elecciones más inciertas en las últimas décadas, tras 16 años de alternancia en el poder entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Muestra de ello es la confusión reinante en la mitad de los votantes, quienes aún tienen alguna duda y se encuentran indecisos por quien votar, pese a que cuatro de los siete candidatos aspiraron en las elecciones anteriores. Aún así, con fundamento en los precedentes cuatro mandatos referidos, el próximo presidente será una figura renovada y hasta cierto punto desconocida. No obstante, el nuevo mandatario chileno tendrá que afrontar, entre otros retos, la recuperación de su economía duramente golpeada por la pandemia de la Covid-19, la persistente inmigración y, especialmente, el descontento social.
Un descontento que se ha agudizado por la carencia de las ayudas sociales que recibieron las familias durante la época crítica de la pandemia, máxime si las cifras oficiales dan cuenta que de los 19.5 millones de habitantes chilenos, 14.5 millones se favorecieron con dicha asistencia. Además, a la par con el desarrollo de la nueva Constitución Política, el sucesor de Piñera también debe lidiar con la amenaza latente de un cuarto retiro del Fondo de Pensiones, lo cual afectaría la resentida economía, con serias implicaciones inflacionarias y altas tasas de interés, en caso que el congreso lo apruebe.
A lo anterior, se suma la necesidad de reducir la enorme deuda pública contraída por el país para atender la pandemia, toda vez que creció 23.440 millones de dólares desde 2019, año en que la deuda fue de 74.391 millones de dólares, mientras que cerrando junio de 2021 ascendió a 97.831 millones de dólares, conforme al reporte trimestral de la Dirección de Presupuestos del gobierno de Chile. Todo esto, unido al estallido social vivido desde hace dos años y el empleo de la violencia como mecanismo de presión al gobierno, para frenar el descontento ciudadano imperante desde el 18 de octubre de 2019 hasta marzo de 2020. De hecho, este prosigue en cuanto prevalecen las demandas insatisfechas en materia de salud, educación y pensiones, primordialmente.
Partiendo del hecho que las constituyentes se convierten en una caja de pandora, los cambios en la Constitución podrían traer consigo la reducción del poder presidencial, lo que daría lugar a un gobierno de transición en tanto se pone en ejecución la nueva Carta Magna para ajustarla a las modificaciones electorales y plazos que se introduzcan. Al fin y al cabo, la Convención Constitucional chilena como órgano constituyente es la que tiene la última palabra en su construcción y el pueblo en su refrendación.
Al respecto, los convencionistas han reiterado que esperan una Constitución Política “construida democráticamente, amplia, pluricultural y diversa, para crear un sistema político que responda a las necesidades, desigualdades e iniquidades del pueblo chileno”. Es decir, un Estado más inclusivo, cambiante y evolutivo, dejando de lado transitoriamente su principal e histórica fortaleza hasta ahora: la prevención, la estabilidad y la seguridad. En fin, los retos y desafíos del nuevo presidente, independientemente de quien salga triunfador, están a la orden del día en un país que se constituyó en un modelo económico y fue referente obligado para sus vecinos latinoamericanos.
