Los gestores de la corrupción y de las malas administraciones no tienen límites y les importa “un comino” la suerte de nuestros infantes, así está demostrado que no solamente se roban los dineros para el desarrollo en obras públicas, sino que han llegado tan bajo que se han apropiado de los dineros de la salud y lo que nunca se había pensado, la de nuestros infantes.
Pensar que de cada 6 de 100.000 niños mueren en Colombia por causa del hambre, deja mucho en que pensar por parte de las entidades encargadas de mitigar el problema y no son cifras inventas, salen de la Red de Bancos de Alimentos, también nos entregan otras monstruosas cifras. “Más de 560.000 niños en Colombia sufren desnutrición crónica y hay 21 millones de colombianos que tienen dificultades para comprar comida y otros comen un día sí, pero al otro día no, miles de familias aguantan hambre y cuentan con una sola comida al día y los departamentos donde más aguantan hambre son: Amazonas, Vaupés, Córdoba, Guainía, Nariño, Chocó y La Guajira…”.
Lo anterior a la vista del Estado, el Bienestar Familiar y las entidades fiscalizadoras y sancionatorias y para ello, se fortaleció un elefante blanco llamado “Programa de Alimentación Escolar (PAE)”. Su existencia no es nuevo, data del año 1955 en el gobierno de Rojas Pinilla, abuelo de los Moreno Rojas artífices e ideólogos del carrusel de la contratación en Bogotá, pero luego, en 1968 pasó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con la finalidad de entregarles a los niños de Colombia un suplemento alimenticio para así disminuir el agobiante problema de la deserción escolar, aumentar la matrícula, disminuir los porcentajes de desnutrición y de la hambruna galopante en el sector.
Pero la situación cayó en manos de funcionarios y contratistas corruptos donde los mismos órganos de vigilancia lo han expresado como la Contraloría que a enero de 2022, “ha confirmado y emitido 35 fallos, en segunda instancia, por responsabilidad fiscal contra Entidades Territoriales y Operadores del PAE en 6 departamentos, 17 municipios y una entidad del orden nacional por valor de $7.901 millones y se adelantan 144 procesos por más de $42.000 millones.”.
Y es que los casos denunciados llegan a extremos inimaginados a costa de la vida de los infantes, como la de suministrar raciones alimenticias con carne de burro y caballo con químicos para “alterar la contextura, intentar hacerla más blanda y darle un color rojizo” según lo explica la propia Fiscalía..
Por otro lado la Contraloría General de la República no se quedó atrás con informes espeluznantes en escuelas del Atlántico, Putumayo, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Boyacá, Antioquia y Quindío con comida podrida o vencida, leche cortada, pan enmohecido con roedores e insectos a la diestra de los platos de la infamia, sin contar con las cuentas ficticias, sobrefacturación, planillas con doble porciones y por supuesto, lo normal, mayores tarifas
Creíamos que el 2022 sería a otro cantar, pero el PAE comenzó con improvisación y baja cobertura, si el 2021 ella fue del 54%, para éste año las cosas pasaron de castaño a oscuro, muchos mandatarios en el país estaban comprometidos en las campañas para senado y cámara y requerían esos dineros para proselitismo político y es así que 25 entidades territoriales iniciaron clases sin el servicio del PAE.
Ellas son: “Apartadó, Buenaventura, Buga, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Facatativá, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Guaviare, Huila, Ipiales, Lorica, Magdalena, Neiva, Piedecuesta, Pitalito, Quibdó, Santa Marta, Sucre y Turbo”. Fuente Contraloría 2022 y 13 de ellas incumplieron en logística, cobertura, tiempo de inicio y calidad de los alimentos.
Cuando la miseria se asoma, los mandatarios deben ser los primeros en abordar sus soluciones y más cuando el estado alega haberles girado los recursos para alimentación, sin embargo, la Procuraduría le abre indagación a alcaldes y a gobernadores en muchas partes del país, como sucede en el departamento de Sucre, donde les abrieron investigación preliminar a casi todos los alcaldes de su jurisdicción incluyendo al gobernador por el incumplimiento con los compromisos con el PAE.
No podemos dejar en el aire a los secretarios de educación de eso entes territoriales. Normalmente son funcionarios que vienen de las cuotas políticas con mínimos conocimientos del manejo del sector educativo y premeditadamente evaden sus responsabilidades como sucedió en el 2021 cuando 13 de ellas, “Amazonas, Popayán, Putumayo, Pitalito, Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Vaupés”, llevaron la bandera de ser los mayores incumplidores en calidad, logística y cobertura en la implementación del PAE.
Si así es el comportamientos con los niños de Colombia, que podemos esperar con los compromisos con la juventud, ávida de cambios y de los adultos que sus dineros son las cajas menores de los políticos y las primeras damas del país.
