La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, significó una transformación trascendental en materia de política pública y política exterior. De aquí se evidencia la estrategia utilizada por el gobierno chavista para favorecer su política exterior, llevando a América Latina hacia un gran bloque, mediante el apoyo a países pequeños de las islas caribeñas como aliados en los organismos internacionales.
Para ello, Chávez logró reclutar una buena cantidad de países de las Antillas y de América central, con el fin de obtener el número ideal de votos, en contraprestación a la ayuda económica que les otorgaba a través de Petrocaribe y el Alba. Así, Venezuela pudo obtener el control necesario para que en la OEA no se tomaran decisiones que le desfavorecieran y avanzar en el objetivo primordial de su estrategia. Esto es, restar relevancia a las organizaciones internacionales regionales donde Estados Unidos juega un papel predominante e influyente, al mismo tiempo que se esforzaban en limitar su poder hegemónico.
Al respecto surge una paradoja muy interesante, pues el discurso venezolano hasta 2016 se concentraba en que la OEA seguía siendo el departamento de colonias de los Estados Unidos y el centro del imperialismo. Sin embargo, durante 17 años, el país “imperialista” fue Venezuela porque a través de los petrodólares impidió que se tomara alguna decisión en su contra. Todo esto, apoyado en mecanismos alternativos diplomáticos como Unasur en lo regional y la Celac en lo hemisférico, excluyendo a Estados Unidos y Canadá e incorporando a Cuba.
Frente a la relación con el gobierno cubano, es incontrovertible que desde la isla se ostenta el control del país vecino, toda vez que se ejerce una marcada influencia en lo político, social y militar e incluso en lo cultural. En pocas palabras, se replica en Venezuela lo realizado por los Castro en Cuba, a través de un intervencionismo favorecido por la invitación manifiesta del gobierno venezolano. Son miles de cubanos penetrados en actividades de inteligencia, contrainteligencia y apoyo general al régimen venezolano.
Unido a lo anterior, la política exterior de Chávez trasciende lo regional y comienza un mayor relacionamiento con países que tradicionalmente no habían sido aliados de Venezuela, como parte de las democracias occidentales. Entonces, se fue moviendo hacia países que anteriormente formaban parte del bloque soviético y eran enemigos de Estados Unidos.
Hasta cierto punto, con la idea que había terminado la guerra fría y ya no hacían falta dos bloques, sino que era multipolar, pero en realidad era un eufemismo para aliarse con el bloque conformado por Rusia, Irán y China. De esta manera, pasa a formar parte de los países no alineados a la política estadounidense, apartándose de la visión bipolar y proyectándose a un mundo multipolar, para lo cual estrecha sus vínculos con los países socialistas-comunistas del mundo, contradictores del sistema económico capitalista encarnado en el “imperialismo Yanqui”.
Para perseguir su objetivo, se ampara en el juego de equilibrios de las grandes potencias con una política exterior mucho más apuntalada en la hegemonía militar y en tratar de competir con los Estados Unidos, por lo que se apoya en otras potencias, incluidas Rusia y China primordialmente. Rusia, quien siempre ha intentado entrar a la región por sus intereses geopolíticos y China, más por el interés económico, que les representa ingresar al patio trasero de los Estados Unidos: América Latina.
En lo relativo a la política exterior desarrollada por Chávez y Maduro, con sus homólogos colombianos, la relación del presidente Chávez con Andrés Pastrana en general fue buena, caracterizada por una relación pragmática que venía de las comisiones de Vecindad y la comisión negociadora, entre otras medidas de confianza. Aún así, Chávez tuvo varios tropiezos con el presidente Pastrana. Por una parte, se enturbian intermitentemente las relaciones entre los dos países, debido a la simpatía manifiesta hacia las guerrillas de las Farc y el ELN.
Por otra parte, el gobierno venezolano se declaró neutral frente al conflicto, con lo que equiparó la legitimidad internacional del Estado con la de la guerrilla, y estableció comunicación directa con esta última sin el aval del gobierno colombiano. Lo anterior profundizó la preocupación gubernamental y exacerbó el clima de desconfianza mutua, sumado a incidentes que deterioraron la relación. Cabe destacar, el tráfico ilegal de armas y las denuncias sobre la ambigüedad del gobierno venezolano ante las acciones de la guerrilla, asuntos que no han podido ser esclarecidos por la parálisis de los mecanismos de vecindad.
Con el presidente Uribe se da un choque de trenes de personalidad, en razón a que ambos eran voluntariosos en la forma de hacer sus declaraciones y pronunciamientos, pero así no se llevaran bien en lo personal, la presión económica, lo comercial y la correlatividad e interdependencia de las dos economías, hacía que los intereses mutuos prevalecieran. No obstante que hubo cierto entendimiento entre los dos presidentes, persistió la desconfianza recíproca alimentada por el diferendo sobre áreas marinas y submarinas, la mutua incomprensión sobre las situaciones internas de cada país, y las divergencias políticas entre los gobiernos centrales.
A partir de 2008, después del bombardeo al campamento de alias Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, la relación no volvió a ser la misma. Tanto que, en 2010, con la denuncia de los campamentos ante la OEA, se da la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Chávez. A pesar que se recompusieron poco después con el presidente Santos y se nombraron embajadores, no volvió a ser una relación de confianza y Colombia actuó con pragmatismo. Es decir, lo que más le interesaba al gobierno de Santos era que los exportadores pudieran cobrar lo adeudado en Venezuela, que los empresarios siguieran vendiendo y, sobre todo, sacar adelante el acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc, iniciado el 18 de octubre de 2012 con la instalación de la mesa de conversaciones en Oslo, Noruega.
En consecuencia, implicaba no dejarse afectar por lo que dijera o hiciera el gobierno de Maduro, haciéndose evidente desde 2015 con la afectación producida por el cierre de la frontera y las migraciones masivas. Es inobjetable que el proceso de paz cambia la visión política de las relaciones internacionales, porque mientras los gobiernos de Pastrana y Uribe denunciaban vehementemente al gobierno de Chávez, por su apoyo y protección a las guerrillas, Santos no lo hace. Es solo hasta las postrimerías de su mandato, en abril de 2017, después de firmado el Acuerdo final (24-NOV-2016) y de alguna manera por la presión interna, que el presidente Santos comienza a distanciarse del gobierno de Maduro reiterando que la revolución fracasó, tal como se lo había advertido a Chávez seis años atrás.
Igualmente, en 2018, denuncia el plan de Maduro para ganar fraudulentamente las elecciones con el trasteo de votos desde Colombia y rechaza la legitimidad de las elecciones ganadas por este. Dicho pragmatismo, permite observar que los intereses políticos del gobierno prevalecieron, pasando por alto los abusos cometidos por el régimen autoritario venezolano, al ser callados inicialmente; pero cambiaron una vez finalizada la negociación con las Farc. De lo anterior se colige que, en materia de relaciones internacionales y política exterior, los intereses van alineados a satisfacer los objetivos políticos. No obstante, cuando estos son alcanzados y en la medida que las circunstancias lo ameriten, los intereses tienden a cambiar y con ellos la dinámica de la política.
Es así que Colombia pasó de ser un Estado muy discreto en la política exterior, a ser uno de los países que ha venido liderando la condena del régimen venezolano ante los organismos internacionales, más por necesidad que por convicción, dada la presión de la opinión pública y por la amenaza que el régimen representa. A la llegada del presidente Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, asumió una línea más antagónica pasando de la retórica a unas acciones más concretas. En efecto, no designó embajador en Venezuela ni reconoce al gobierno de Maduro desde su posesión en enero de 2019, pero respalda a Juan Guaidó como “presidente encargado”, lo que agravó las tensas relaciones políticas entre los dos países en los últimos años y desencadenó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia, por orden de Maduro, desde el 23 de febrero de dicho año.
Además, Duque interpuso a nombre de Colombia las denuncias contra el régimen en la Corte Penal Internacional y tuvo una participación activa en la creación del Grupo de Lima como mecanismo de presión internacional para restaurar la democracia y superar la crisis venezolana. Así mismo, en la conformación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). Otro mecanismo y espacio de diálogo y cooperación, integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, con el objeto de favorecer la integración en Sudamérica, en reemplazo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organización que ha sido relegada al aislamiento con Bolivia, Guayana, Surinam y Venezuela, sus únicos miembros actuales.
Por último, la postura de Colombia no ha cambiado en el sentido que el retorno a la democracia es la única solución en Venezuela, toda vez que para el gobierno colombiano lo que existe hoy en Venezuela es una dictadura y, por ende, Nicolás Maduro es un dictador. De ahí que la incógnita reside en qué tanto podrán cambiar las relaciones, desde el próximo 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo presidente de Colombia, a sabiendas de la permanente presencia del ELN y las disidencias de las Farc en territorio venezolano. Máxime, si es un escollo peligroso que no se debe sortear, sino resolver.
