Los colombianos mayores de 18 años estamos convocados para acudir a las urnas este domingo 29 de octubre para elegir a las autoridades departamentales, distritales y municipales.
Ese día, en la mesa de votación que nos corresponda, tendremos la opción de votar por los distintos candidatos a cargos uninominales: alcaldes y gobernadores; y a corporaciones: concejales, diputados y ediles. O de votar en blanco si es lo que la conciencia nos dicta.
Las elecciones se materializan cuando los ciudadanos acudimos a las urnas para ejercer el derecho al voto y luego las autoridades electorales realizan los escrutinios determinando los elegidos, de acuerdo con el número de votos obtenidos y los cargos a proveer.
Al considerar las implicaciones que significa escoger gobernantes para dirigir los diferentes entes territoriales, es pertinente reflexionar sobre la importancia del voto antes de ejercer el derecho al mismo, ya que no se trata solamente de escoger un candidato, sino además de la investidura y la delegación que se hace para que el elegido pueda tomar las decisiones que afectarán el devenir del ente territorial, y no solo durante el periodo para el cual es elegido sino, incluso, acciones que pueden transcender por mucho más tiempo.
Al votar por un candidato debemos ser conscientes de que se están delegando tomas de decisiones de diferentes naturalezas; y que para ello la voluntad del elector se endosa al escogido.
El voto debe ser libre, espontáneo y consciente; sin el condicionamiento o constreñimiento cuya máxima y vergonzosa expresión se manifiesta en recibir dádivas, desde dinero en efectivo hasta porciones de estupefacientes, en ejercicios transaccionales repugnantes. De esta manera la voluntad del elector es comprada por el elegido en un negocio donde se pierde la dignidad de quien vende su voto y deshonra a quien se hace elegir de manera tramposa.
Y por eso el proceso electoral se debe abordar con la mayor seriedad y responsabilidad. Sin embargo, el mismo se ha convertido en un festín donde convergen diferentes actores con la mira puesta en lograr beneficios individuales o personales para tomarse el Estado desde los entes territoriales. Y ello no es gratuito; obedece a toda un estrategia de constitución y fortalecimiento de clanes políticos que muchas veces construyen alianzas con organizaciones ligadas a actividades ilegales (narcotráfico, minería ilegal, contrabando, entre otros), que facilitan los recursos económicos para financiar campañas y lograr el acceso al poder, constituyendo todo un entramado que ha permeado las diferentes ramas del Estado, del cual no se escapan sectores de la fuerza pública, engendrando lo que hoy podemos denominar como un narcoestado.
Tras la apariencia de legitimar la representación del pueblo y mostrar la consolidación de nuestro sistema democrático por medio de elecciones, encontramos que innumerables candidatos se convierten en subordinados de organizaciones delincuenciales al ser financiados por estas.
En la carrera por obtener unas mayorías se acude a comprar voluntades de múltiples formas, seduciendo no solo a ciudadanos con poco o bajo nivel de educación, sino también a personas con gran formación académica y buen nivel profesional pero analfabetos políticos, ya que al recibir “sobres con dineros”, disfrazados de “auxilios de marcha” se convierten en cómplices, al prestarse a la consecución de votos y apoyos para personajes generalmente de poca estatura ética y moral.
Por lo general, a los políticos le seducen tres cosas: el dinero, los votos y el poder, y en el afán de conseguirlas acuden a múltiples formas. Les importa muy poco la fuente de los dineros que llegan a sus arcas. Los votos, que se convierten en una obsesión para legitimar una representación, los buscan de mil maneras, desde la compra, en sus múltiples formas, hasta el fraude electoral. Y el poder, como manifestación de dominio e influencia, les permite tomar decisiones de impacto en toda la sociedad.
En ese marco de intereses encontramos que solo el actuar consciente del elector puede romper las cadenas de dependencias y poder elegir representantes que lleguen sin ataduras y con una verdadera vocación de servicio a la comunidad. Por ello requerimos fundamentalmente, más que muchos candidatos, buenos electores.
Hoy, de acuerdo a las últimas encuestas para la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, nos encontramos con que dos candidatos que superan a sus seguidores por un amplio margen. Equiparando ello a lo que sería una competencia ciclística se podía señalar que están desprendidos del lote (sus competidores). Sin embargo, vale la pena indicar, también con el mismo símil ciclístico, que se trata de punteros posiblemente dopados; basta una revisión de lo reportado a la fecha ante el aplicativo Cuentas Claras como gastos de campaña para corroborar que lo informado dista mucho de lo se aprecia que pueden costar los actos de campaña y los despliegues publicitarios tanto en medios físicos como en Internet, y los aportes a aspirantes a Concejo, Asamblea y Juntas Administradoras Locales.
Ante unas campañas electorales signadas por la trampa y el engaño, donde todo se vale, siendo el objetivo fundamental obtener el triunfo, sin importar que este se logre con dineros de actividades ilegales, presagiamos sin mayor esfuerzo que lo invertido será sacado con creces del erario y por ello la robadera podría estar al orden del día.
Ante ese panorama se nos hace que no se trata de votar por votar. Bien vale sentar un precedente y asumir responsablemente el derecho al voto, ya que el hecho de existir un número apreciable de candidatos que validan con su participación el posible triunfo de los ‘dopados’ no puede inducirnos resignadamente a aceptar que la ciudad y el departamento queden en manos poco confiables.
Por ello reiteramos nuestra invitación a votar en blanco tanto a la Alcaldía de Cartagena como a la Gobernación de Bolívar, con las consecuencias jurídicas y políticas que ello tendría, para poder noche a noche conciliar el sueño y librarnos de una pesadilla al saber que no caímos en una trampa ni contribuimos con nuestros votos a que haya más escándalos por el mal uso de los recursos públicos.
