Sin pasar al extremismo o a la incitación de la violencia, es cierto que las nuevas empresas encargadas de la distribución de energía eléctrica del norte del país, se están convirtiendo en una “bomba de tiempo”, y no diríamos que son los directamente responsables, ya que la memoria histórica no olvida los sucesos acaecidos en Locolombia, acostumbrados a que cuando una empresa del Estado que presta un servicio social se la roban los corruptos, ella toma la decisión de eliminarla, como si fuese la culpable del robo descarado de nuestros recursos.
Nunca podemos olvidar la década del 90 con la situación financiera del sector eléctrico en la costa en cabeza de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) y las cinco electrificadoras como las de Sucre, Atlántico, Bolívar, Cesar y Córdoba, donde sus ingresos eran infinitamente menores a sus gastos, situación que los llevó, conjuntamente con la corrupción, a una iliquidez, para que en el 2024 todavía vivimos los costeños con esos engendros del pasado.
Electricaribe tiene sus descendientes en las Electrocostas, pero los invasores españoles de la empresa Gas Natural (Naturgy), sabían que Electricaribe estaba en quiebra y solapadamente hicieron lo imposible para que el Estado colombiano los interviniera, para así demandar y negociar una indemnización multimillonaria o que nuestra nación asumiera los costos de la quiebra-robo.
Y en parte, ello sucedió, recordemos la indolente y amenazante frase del superintendente de la época José Miguel Mendoza “O intervenimos o la costa Caribe se apagaba”, la patria boba de 1810 y 1819 nos quedó chiquita ya que nuestros presentes padres de la patria SUPER BOBA, aprovecharon la desorganización política y la anarquía en el gobierno, por la percepción de un inminente apagón de la inmoralidad, y a finales de 2016 se dio la intervención de Electricaribe y el gobierno de Juan Manuel Santos, ni corto ni perezoso, nos birló del maltratado bolsillo de los colombianos más de OCHO BILLONES de pesos para medio asumir la deuda de los colonizadores españoles, pagos que siguieron por millonadas y se encuentran ocultos y encriptados en los muros de la ignominia corrupción estatal.
El Estado indolente no pidió cuentas claras para judicializar a los responsables de la quiebra de la empresa y de los funcionarios que no vigilaron si verdaderamente había la inversión programada para evitar el posible colapso energético y que medidas estaban tomando para evitar los robos continuos de energía, aunado al lastre de las cinco electrificadoras de la costa anunciados anteriormente.
Las investigaciones que ordenó el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, como la Procuraduría y el contralor Edgardo Maya, fueron ineficaces, no se presentaron cargos contundentes, solo una que otras multas económicas y cuatro o cinco insignificantes sanciones de amonestación.
Ya en marzo del 2020, el gobierno de Iván Duque, oficializó mediante una subasta virtual la adjudicación de la distribución de energía eléctrica, pero sin embargo hay cosas ocultas y oscuras que el pueblo colombiano debería saber por las circunstancias que actualmente estamos viviendo por lo exagerado de las tarifas que están subiendo en forma geométrica llevando a la nación a exclamar “…comemos o pagamos la luz…”.
En dicha subasta y para subsanar los robos de antaño y a la vista del Estado corrupto, aparece la ya conocida EPM su firma Afinia, donde le corresponde prestar el servicio en el segmento Caribe Mar que tiene en su haber más de 1,71 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, mientras, para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, el negocio quedó en manos del Consorcio Energía de la Costa con su compañía Aire, para cubrir las necesidades de más de 1,51 millones de clientes costeños.
Los conceptos del lastre de corrupción de las electrificadoras y Electrocosta, sumado a la pérdida de energía por fugas, robo del suministro, ampliación y mantenimiento de redes, el impuesto de seguridad, los acuerdos con los sindicatos para el no cobro de energía en los hogares de muchos de sus miembros ya jubilados, se lo están cargando en la facturación mensual de los usuarios, a más de incluir en ella el pago de alumbrado público y aseo, cosa que deberían hacerlo dichas empresas por separado, coaccionando al ciudadano o familia a que le puedan suspender el servicio de energía si no paga la totalidad de lo anunciado, todo ello sin el consentimiento popular, pero con la benevolencia del Estado.
El Gobierno debe intervenir de manera urgente para que éstas empresas cobren exactamente el consumo familiar, ya que la empresa privada no tiene sentimiento ni corazón.
