¿Cuándo terminarán los escándalos de corrupción en el ICBF Regional Sucre? fue la pregunta que escuché de una madre comunitaria, quien dirige un hogar de Bienestar Familiar en un barrio marginado de Sincelejo, Sucre. Mientras me encontraba en el Parque Santander de esta ciudad, la mujer hacía esa pregunta a otra dama, mientras leía un artículo de un periódico local que informaba sobre la captura de un reconocido periodista sucreño, acusado de extorsionar presuntamente a una funcionaria de esta entidad.
En un instante, vinieron a mi mente los recuerdos de la detención de un exdirector del ICBF, a quien se le encontró en su vehículo una suma importante de dinero en efectivo mientras se desplazaba. A raíz de ese hecho, el entonces senador Alexander López solicitó su renuncia. También recordé los graves señalamientos históricos sobre el manejo de esta entidad en Sucre, por parte de clanes politiqueros del departamento. Más recientemente, se señaló a un contratista llamado José Olivo, quien, según denunciantes, junto con Nain Sandoval y Roberto Moreno, liderarían una mafia de contratación amañada para quedarse con los contratos del ICBF Regional Sucre.
¿Acaso esta vergonzosa situación, que tiene escandalizado al departamento, no ha llegado a los oídos de Astrid Cáceres, directora nacional del ICBF?
¿Qué pensará el presidente de la República, a quien elegimos por ondear las banderas del cambio, al saber que, según denuncias, los recursos destinados a garantizar los derechos de nuestros niños están en manos de presuntas mafias de la corrupción? Resulta extraño que el presidente no esté informado de esta situación, considerando los múltiples oídos que tiene a su servicio en Sucre.
Propongo a la sociedad civil, veedurías, defensores de derechos humanos y líderes sociales, entre otros, que nos preparemos para protestar y exigir, con el apoyo de los medios de comunicación nacionales e internacionales, la renuncia de la directora nacional del ICBF. También debemos solicitar una audiencia con el presidente Gustavo Petro para informarlo formalmente de la situación, así como a los ministros y congresistas afines al gobierno.
Adenda: Expreso mi solidaridad con el periodista Leo Bustamante, a quien conocí como un defensor de causas justas y que ahora es acusado de extorsionar a una mujer señalada de ser cercana al cuestionado José Olivo. Es necesario preguntarse: ¿Por qué esta señora, según los medios, pagó por el silencio del periodista? A ambos les digo: «¡El que nada debe, nada teme!» Y a quien paga por silencio, ¡cuidado, que el rabo se quema!
Adenda 2: Es imprescindible que el alcalde de Sincelejo y los otros 25 municipios del departamento exijan claridad sobre estas graves denuncias que afectan a la población más vulnerable de nuestra sociedad: ¡nuestros niños!
