Cartagena de Indias, la histórica y turística capital del departamento de Bolívar, se enfrenta a una creciente ola de violencia que no tiene hora ni mide daño colateral. En los últimos días, un nuevo acto de sicariato volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la ciudad, tras el asesinato de Alberto Guardo Cortés, de 51 años, en el barrio El Bosque.
El crimen ocurrió en la Transversal 54, a plena luz del día. Según testigos, un sicario en moto se acercó a Guardo y, sin mediar palabra, le disparó, dejándolo sin vida en el lugar ante la mirada atónita de quienes pasaban.
Como en la mayoría de los casos, las autoridades rápidamente señalaron que la víctima tenía antecedentes judiciales: en “2018 fue indiciado por lesiones personales, y en 2009”, por violencia intrafamiliar. Pero, ¿es esto suficiente para justificar la tragedia que sigue afectando a tantas familias cartageneras?
La Policía Metropolitana de Cartagena bajo el mando de su comandante en jefe, Dumek Turbay Paz, fue rápida en declarar que estos asesinatos son parte de una «guerra entre bandas criminales» y que las víctimas suelen estar relacionadas con actividades ilícitas. Sin embargo, esta narrativa, repetida una y otra vez, parece más un intento de diluir la gravedad de la situación que una verdadera solución a la crisis de seguridad.
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En el caso de Guardo Cortés, su pasado judicial ha sido utilizado para construir un relato en el que la violencia parece, en cierta forma, «inevitable» o «justificable». Pero esto es solo una parte del problema. Los ciudadanos de barrios como Olaya, Bostón, Fredonia y Nelson Mandela entre otros, viven aterrados, no solo por los enfrentamientos entre pandillas, sino por la sensación de impunidad que parece rodear estos crímenes.
El sicariato ha evolucionado en la ciudad con asesinatos calculados y ejecutados en plena vía pública, como ocurrió en este último caso. La indignación crece, pero las respuestas de las autoridades son insuficientes. ¿Cómo es posible que en una ciudad que debería estar enfocada en la seguridad de sus residentes y el turismo, se permita que estos crímenes se vuelvan algo tan común?
Mientras tanto, la ciudadanía se pregunta: ¿Qué acciones concretas están tomando las autoridades para detener esta espiral de violencia? ¿Hasta cuándo se justificará todo en nombre de una guerra entre bandas? Porque, si bien algunos de los asesinados pueden tener antecedentes, no se puede seguir permitiendo que estas muertes se acepten como parte del «orden natural» del submundo del crimen. ¿El Plan Titan del alcalde que vale una millonada donde está? ¿Dónde están los Comandos Elites? ¿Qué pasó con el chat Titan?
Cartagena necesita algo más que declaraciones oficiales que repiten un ciclo de justificaciones. La violencia en la ciudad ha alcanzado un nivel en el que las excusas no pueden seguir siendo la respuesta. Es necesario un enfoque más riguroso y comprometido que desarticule no solo a las bandas criminales, sino también las redes que permiten su operación. Los cartageneros merecen una ciudad segura y libre de violencia, en lugar de seguir siendo espectadores de una guerra en la que ellos son las principales víctimas.
El asesinato de Alberto Guardo Cortés no debe ser una estadística más en los reportes de las autoridades, sino un llamado urgente a revisar las políticas de seguridad y el papel que la policía y el Estado deben asumir para detener el derramamiento de sangre en Cartagena.
