En teoría, el Consejo Territorial de Planeación de Cartagena (CTPC) debería ser el órgano vigilante, el guardián de la participación ciudadana en los procesos de planeación y desarrollo territorial de la ciudad. Su función es velar porque la voz de la gente se haga oír en la construcción de políticas públicas, garantizar la calidad de los servicios prestados por la Alcaldía y asesorar sobre temas tan importantes como el ordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). Sin embargo, lo que podría considerarse un ente de control y transparencia, parece estar más cerca de una veeduría sumisa, aplaudiendo todo lo que proviene desde la oficina de Planeación Distrital, sin la autonomía y el rigor que se esperaría de una institución de esa naturaleza.
La esencia del CTPC debería ser la de un espacio en el que la ciudadanía participe activamente y de forma imparcial en el seguimiento a la gestión pública. Sin embargo, en Cartagena de Indias, las sospechas surgen cuando se sabe que sus miembros, lejos de ser postulados por la comunidad, son recomendados por altos funcionarios o, peor aún, por jefes de despacho del Distrito.
En este sentido, el actual presidente del CTPC, Daniel Herrera R., es el ejemplo perfecto de esta contradicción. ¿Cómo puede una persona cumplir con su rol de veedor y garantizar la participación ciudadana sí se sabe que está más cerca del círculo íntimo del poder distrital?
Herrera, quien fue designado para representar al sector educativo en el CTPC, es un caso particularmente llamativo. Según la Función Pública, su experiencia en el área se limita a un puesto como bachiller en la Secretaría del Interior departamental, lo que pone en duda su idoneidad para liderar una veeduría de tan alto calibre.
Pero lo que realmente genera suspicacias es su vinculación con la Alcaldía de Cartagena. Herrera no solo es una pieza clave dentro del equipo del secretario de Planeación, Camilo Rey, sino que también mantiene una amistad cercana con el alcalde Dumek Turbay. Y aunque no haya ningún delito en ello, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo puede alguien ser imparcial cuando existe un lazo de confianza y amistad con quienes deberían ser fiscalizados?
Lo que es aún más desconcertante es que el propio Herrera no cumple con los requisitos que establece la ley para representar al sector educativo. El artículo 34 de la Ley 152 de 1994 establece que los miembros del CTPC deben estar vinculados a las actividades del sector que representan, lo cual no es el caso de Herrera. Su postulación al cargo, por tanto, deja mucho que desear, sobre todo cuando existen miembros dentro del gremio educativo con un perfil mucho más adecuado. Pero tal vez esos candidatos no son tan aficionados al Real Cartagena, el equipo del corazón de Herrera.
En medio de una ciudad como Cartagena de Indias, que necesita más que nunca una veeduría autónoma y exigente, el CTPC parece estar presidido por alguien que, más que velar por los intereses de la comunidad, medía las tensiones internas del consejo. Y es que, aunque el CTPC ha intentado representar a diversos sectores, como afrodescendientes y mujeres, los conflictos dentro de estas mismas agremiaciones son más que evidentes. Y en lugar de ser un árbitro imparcial, Herrera parece haber sido elegido para suavizar esas diferencias, aplaudiendo las decisiones que emanan de la oficina de Planeación Distrital, incluso cuando las resoluciones son cuestionadas por los mismos miembros del consejo.
Hoy podemos afirmar que el CTPC, la que debería ser la principal veeduría de la ciudad, se ha convertido en una sombra sumisa y obediente a lo que se ordena desde la oficina de Planeación. Un órgano que, lejos de ser un control efectivo, parece más un mero apéndice de la administración distrital.
La ciudad necesita una veeduría crítica, que no se deje llevar por favores o conveniencias políticas, sino que esté dispuesta a cuestionar, fiscalizar y, sobre todo, garantizar que la planeación de Cartagena sea realmente para el beneficio de todos. Mientras tanto, el CTPC sigue siendo una pieza más en el ajedrez político de la capital de Bolívar.
