En un revelador informe, el abogado y veedor Héctor Pérez Fernández denunció graves irregularidades en el contrato firmado entre Aguas de Cartagena (Acuacar) y el Distrito en 2015, conocido como el «Otro Sí».
Según Pérez, de los $250.000 millones comprometidos para inversión, solo se han ejecutado $36.000 millones, dejando en evidencia el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa prestadora del servicio de agua en la ciudad.
El abogado ha solicitado al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien también preside la junta directiva de Acuacar, que pida la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos para que la entidad obligue a la empresa a cumplir con las inversiones comprometidas. Según Pérez Fernández, este incumplimiento podría tener consecuencias graves para la ciudad, ya que afecta directamente a la calidad y cobertura de los servicios públicos.
Asimismo, anunció que solicitará la nulidad de este «Otro Sí» ante las autoridades competentes, específicamente ante la Procuraduría y la Fiscalía, por considerar que el contrato presenta vicios legales que podrían comprometer la legalidad del mismo. Según el abogado, los hallazgos de la Contraloría revelan una serie de problemas financieros y administrativos, incluyendo una «desfinanciación» y un «sobreendeudamiento» que podrían poner en riesgo la estabilidad de Acuacar y, por ende, del servicio que presta a la comunidad.
«Esos hallazgos tienen incidencias penales, disciplinarias y fiscales. Hay nulidad absoluta del contrato, están desfinanciados y sobreendeudados, y mucho más», advirtió Héctor Pérez, quien ha subrayado que este caso podría derivar en investigaciones y sanciones tanto a nivel administrativo como penal.
La denuncia hecha por el veedor Pérez Fernández pone en tela de juicio no solo la ejecución del contrato, sino también la responsabilidad de las autoridades locales en la supervisión y seguimiento de los compromisos adquiridos por la empresa. De confirmarse los hallazgos de la Contraloría, la situación podría desencadenar en un nuevo escándalo relacionado con la gestión pública en Cartagena, con posibles repercusiones en la administración del agua potable y los recursos públicos en la ciudad.
