La paciencia de los habitantes de Calamar, Bolívar, ha llegado al límite tras acumular más de 10 días sin servicio de agua potable, una situación que ha paralizado actividades cotidianas y desatado manifestaciones en la vía Calamar-Sincelejo.
Ante la creciente ola de inconformidad, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lanzó una advertencia directa al operador del acueducto del municipio a través de la red social X: «Mensaje al operador del acueducto de Calamar (corto y sencillo): funcionan bien o se van. La gente necesita agua para vivir».
El contundente mensaje del mandatario refleja el descontento de las autoridades y la urgencia de una solución. Arana también anunció que un equipo técnico de Aguas de Bolívar, junto a un equipo jurídico, está evaluando opciones para superar la crisis y garantizar la prestación adecuada del servicio.
La falta de agua ha afectado no solo el consumo básico de las familias, sino también el funcionamiento de comercios, instituciones educativas y centros de salud. La situación ha generado indignación en los habitantes, quienes bloquearon recientemente la carretera en señal de protesta, exigiendo respuestas inmediatas.
El equipo técnico desplegado por la Gobernación busca identificar los problemas estructurales del acueducto, mientras que el área jurídica evalúa posibles acciones legales que podrían incluir la terminación del contrato con el operador actual. La advertencia del gobernador pone sobre la mesa la posibilidad de buscar un nuevo operador que garantice la estabilidad del servicio.
La crisis de agua en Calamar no es nueva. En años recientes, los habitantes han enfrentado interrupciones constantes y la falta de infraestructura adecuada para asegurar el suministro.
«Ya no aguantamos más. Esto es un problema de vida o muerte. El agua es esencial, y no podemos seguir así», dijo Ana González, residente de Calamar, quien participó en las protestas recientes.
La comunidad espera que la advertencia del gobernador no quede solo en palabras y que las soluciones sean permanentes. Mientras tanto, la incertidumbre continúa. La situación plantea interrogantes sobre la gestión del servicio de agua en Bolívar y la capacidad del Estado para garantizar los derechos básicos de la población. ¿Funcionarán bien o tendrán que irse?
