La reciente detención en Bogotá de Andrés Rojas, alias «Araña», negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), ha puesto en evidencia las tensiones entre la justicia colombiana y los compromisos internacionales. Aunque sus órdenes de captura fueron suspendidas en el marco de las negociaciones de paz con el Gobierno, la alerta de Interpol activada por una solicitud de Estados Unidos permitió su captura generando un terremoto político y jurídico.
La Fiscalía General de la Nación explicó que la Resolución 0-0139, que en abril de 2024 suspendió temporalmente las órdenes de captura contra miembros de la CNEB involucrados en las negociaciones, no anula las circulares rojas de Interpol. Esta distinción legal ha sido interpretada por algunos sectores como una muestra de la fragilidad de los acuerdos de paz frente a la presión internacional, en especial cuando involucran delitos transnacionales como el narcotráfico.
La captura de Rojas ocurrió en un hotel de la capital colombiana, coincidiendo con el cierre del tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno y la insurgencia. La noticia cayó como un balde de agua fría en las mesas de negociación y reabrió el debate sobre el alcance real de las garantías otorgadas a los negociadores.
Otty Patiño, Consejero Comisionado de Paz, expresó su preocupación por el impacto que esta detención puede tener en las negociaciones. «La acción judicial podría ser vista como un obstáculo para el avance del proceso de paz», advirtió, resaltando que la confianza de la insurgencia en la voluntad negociadora del Estado podría verse afectada.
Desde la CNEB, Walter Mendoza, comandante de las disidencias de las FARC autodenominadas Coordinadora Nacional Bolivariana, manifestó su inconformidad con la captura y advirtió que este hecho representa «un golpe severo al proceso de paz». En su opinión, la acción judicial pone en duda la credibilidad de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo y podría hacer que la insurgencia reconsidere su permanencia en la mesa de diálogo.
La Fiscalía subrayó que la detención de Rojas se realizó en cumplimiento de una solicitud de extradición de Estados Unidos, donde se le investiga por presuntos delitos de narcotráfico. «La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo autodenominado ‘Comandos de la Frontera’, estaría involucrada en el reciente envío de cocaína a los Estados Unidos», detalló el organismo en un comunicado.
La captura de Rojas marca un punto de inflexión en el proceso de paz, evidenciando las tensiones entre el compromiso del Gobierno colombiano con el diálogo y su obligación de cooperar con la justicia internacional. Ahora, la continuidad de las negociaciones podría depender de la respuesta del Ejecutivo y de su capacidad para equilibrar la estabilidad política interna con las demandas de cooperación internacional.
