En un giro inesperado en la discusión sobre la financiación del Tren Regional del Caribe, el presidente Gustavo Petro respondió con una contundente afirmación: “Con mucho gusto lo licito y dejo financiado su construcción”. La declaración llega tras la queja del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien criticó la desigualdad en la distribución de los recursos nacionales y exigió mayor respaldo para la infraestructura del Caribe colombiano.
Arana, junto a los gobernadores del Atlántico y Magdalena, propuso una alianza para costear el estudio de factibilidad del proyecto, el cual requiere una inversión de 40.000 millones de pesos. La iniciativa busca conectar los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, beneficiando a más de seis millones de habitantes y dinamizando el comercio en más de 20 municipios de la región.
Lo que parecía una solicitud más en la larga lista de proyectos con dificultades de financiación, se transformó en un punto de inflexión en la política de inversión ferroviaria del país. Petro, quien en varias ocasiones ha insistido en la necesidad de fortalecer el transporte férreo en Colombia, dejó entrever una posible nueva apuesta del Gobierno Nacional: descentralizar los megaproyectos y priorizar regiones históricamente relegadas en materia de infraestructura.
La respuesta del presidente no solo sorprendió por su inmediatez, sino porque plantea un contraste con el largo debate sobre la financiación del Metro de Bogotá, al que se han destinado 40 billones de pesos. La declaración de Petro sugiere un cambio de paradigma en la planeación del transporte nacional, que hasta ahora ha concentrado la mayoría de los recursos en la capital.
El Tren Regional del Caribe, con una proyección de 56.667 pasajeros diarios y 13 millones de toneladas de carga al año, podría convertirse en el primer gran proyecto ferroviario de la administración Petro fuera de Bogotá. Sin embargo, su consolidación dependerá de la materialización del financiamiento y de la viabilidad técnica del proyecto.
A la espera de los próximos pasos, la afirmación del presidente deja abierta la discusión sobre si esta decisión responde a una verdadera política de equidad regional o si se trata de un movimiento estratégico en medio de las tensiones políticas y territoriales que han marcado su gobierno.
