La seguridad en el departamento de Sucre ha vuelto a posicionarse como un eje central de preocupación tanto para sus ciudadanos como para las autoridades locales, regionales y nacionales. A lo largo del primer trimestre de 2025, se han registrado múltiples hechos violentos que reflejan el persistente accionar de bandas delincuenciales, estructuras de crimen organizado y grupos armados ilegales. No obstante, también es evidente la presión constante y operativa de la Fuerza Pública, que con limitados recursos ha logrado contener en parte una crisis de mayor escala.
En enero y febrero de 2025, municipios como Sincelejo, San Onofre, Tolú y Corozal registraron un aumento significativo en homicidios selectivos y atentados con arma de fuego. Uno de los hechos más recientes y alarmantes fue la balacera ocurrida en Coveñas a finales de marzo, que dejó un muerto y varios heridos, presuntamente en enfrentamientos entre bandas de microtráfico. A esto se suma el recrudecimiento de extorsiones a comerciantes, especialmente en zonas turísticas como Tolú y Coveñas, afectando gravemente la economía local.
Las investigaciones apuntan a que grupos armados pos desmovilización (residuos de las Autodefensas) continúan operando en la región bajo nuevas fachadas, así como estructuras asociadas al “Clan del Golfo”, que buscan el control territorial para rutas de narcotráfico.
El departamento vive una dicotomía entre percepción y realidad. La gobernadora de Sucre y varios alcaldes han destacado en medios de comunicación una supuesta “reducción de los índices delictivos”, argumentando una mejora en la coordinación interinstitucional. Sin embargo, esta percepción institucional dista de la vivencia diaria de la comunidad, que denuncia una sensación creciente de inseguridad, particularmente en sectores rurales donde el Estado tiene escasa presencia permanente y nos referimos más exactamente a los delitos de abigeato, hurto a fincas y conductas afines como “el carneo” que tienen en vilo al sector ganadero de la región, ya que este flagelo transita de manera descarada hacia otros departamentos como córdoba, bolívar y Antioquia.
Aquí es clave distinguir entre la percepción social y la estadística oficial: aunque algunos delitos como el hurto a residencias muestran leves descensos, otros como la extorsión, amenazas, el homicidio y la intimidación armada se mantienen o han repuntado.
Durante estos primeros meses del año, estas fuerzas han ejecutado múltiples operativos conjuntos, incautaciones de armamento, capturas de integrantes de estructuras criminales y campañas de presencia institucional en zonas vulnerables. En varios casos, han logrado evitar masacres inminentes y frenar desplazamientos forzados en áreas rurales del Bajo San Jorge y Montes de María.
A pesar de ello, sus capacidades se ven limitadas por factores estructurales como la falta de pie de fuerza, la carencia de inteligencia técnica avanzada y, en muchos casos, la debilidad del aparato judicial que no garantiza la continuidad de las detenciones.
La situación de orden público en Sucre en 2025 exige una lectura honesta y sin maquillajes. No se trata de desacreditar a ninguna administración, sino de reconocer que mientras las instituciones ofrecen discursos de estabilidad, la comunidad vive una realidad compleja y peligrosa. La seguridad no puede medirse únicamente en cifras; debe abordarse desde la vivencia social, la efectividad de la respuesta estatal y el nivel de resiliencia institucional ante el crimen organizado.
Aunque algunos lectores no entenderán el contexto del mensaje es necesario también resaltar que debemos hacerle un sincero reconocimiento a nuestra a la Fuerza Pública. Es innegable el trabajo firme y comprometido de la Primera Brigada de Infantería de Marina, el Batallón de Infantería de Marina No. 14, el Gaula Militar Armada, la Policía Nacional con todas sus especialidades y las unidades bajo la jurisdicción de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, incluido el Batallón Junín.
La solución requiere más que operativos: se necesita inversión social, justicia efectiva y, sobre todo, presencia integral del Estado en todos los rincones del departamento. Aquí es donde vuelvo a recordar lo que llevo diciendo en anteriores columnas y espero haga eco a quien va dirigido el párrafo sin que ello sea motivo para que tomen represalias con este humilde columnista: sáquenlos a las calles, a caminar, bájenlos de las motos que así rebajan y conocen a la comunidad, desde la cabeza a las bases. El que entendió, entendió.
