Desde el corazón de la Casa de Nariño, el centro neurálgico del poder presidencial colombiano, se está escribiendo (con tinta turbia y letra gruesa) un nuevo capítulo de la mayor corrupción institucionalizada. El Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), esa oficina que en teoría debería ser sinónimo de eficiencia y control administrativo, se ha convertido en el epicentro de una guerra de intereses, venganzas palaciegas, y prácticas que rozan (y a veces superan) los límites de la legalidad.
Podría parecer el guion de una serie política, pero es la cruda realidad: en el Gobierno del “cambio”, el DAPRE ha mutado en una especie de cartel burocrático donde se decide a dedo quién entra, quién sale, y cuánto cobra. No se trata solo de una mala racha administrativa, sino de una metástasis de poder descontrolado que ha tocado fondo… y sigue cavando.
Con la salida de Laura Sarabia (ex zarina del acceso al presidente Petro), lejos de calmarse las aguas, se desató un vendaval. La pugna interna no tardó en escalar: Sarabia, caída en desgracia, dejó tras de sí un vacío de poder que no tardaron en disputar sus antiguos aliados, ahora convertidos en rivales. En su lugar, una desconocida para la mayoría de los sectores del petrismo, Angie Rodríguez, apareció de la noche a la mañana con el aura de “la elegida” del presidente. Su ascenso relámpago y su cercanía escenificada con Petro en cada acto público no ha hecho más que levantar suspicacias.
Pero si algo demuestra el caso DAPRE es que el acceso al poder no solo se mide por cercanía al jefe de Estado, sino por la capacidad de manipular estructuras internas. Rodríguez, respaldada por el ministro del Interior Armando Benedetti y el influyente Guillermo Jaramillo, ha tejido su propia red. A su lado, José Alexis Mahecha (el todopoderoso director administrativo y financiero) mueve los hilos de la contratación con precisión quirúrgica.
En este ambiente, los funcionarios de carrera, los que llevan años sosteniendo la maquinaria del Estado, han quedado atrapados entre la lealtad institucional y las presiones políticas. No es exagerado: se les ha obligado, literalmente, a marchar por el Gobierno, camisetas incluidas, so pena de perder el empleo. “Es eso o a buscar trabajo”, cuentan que les dijeron. Más de treinta trabajadores han sido despedidos o “invitados” a renunciar para ser contratados de nuevo… con salarios más bajos. Una estrategia de manual para eludir la estabilidad laboral, disfrazada de “movimientos propios de la entidad”.
Las denuncias no acaban ahí. Comisiones negadas, traslados bloqueados, retaliaciones burocráticas, nombramientos congelados por capricho… La maquinaria del DAPRE se ha convertido en una herramienta de presión política, lejos de cualquier noción de meritocracia. El caso del vicecanciller Daniel Ávila, forzado a renunciar por la negativa sistemática del DAPRE a aprobarle comisiones necesarias, es solo una muestra de una práctica tan opaca como frecuente.
Mientras tanto, el presidente Petro, siempre tan rápido para blandir la espada de Bolívar y pedirle al Congreso “libertad o muerte”, guarda silencio. Hace como que no ve, como si la podredumbre no estuviese a escasos metros de su despacho. Pero su presencia constante junto a Rodríguez en actos públicos deja claro que está al tanto… y que prefiere mirar para otro lado.
Las tensiones han llegado incluso al punto de generar una implosión política: Sarabia y Benedetti se enfrentan ahora en un duelo de filtraciones y acusaciones. La vieja guardia del petrismo se siente desplazada. Y figuras como Francia Márquez, Gustavo Bolívar o la primera dama brillan por su ausencia en los momentos clave, como si quisieran marcar distancia frente a una gestión que ya huele a fin de ciclo.
Al final, el DAPRE se ha consolidado como un símbolo: el del fracaso del “cambio” cuando se gestiona desde la arbitrariedad, el personalismo y la represión silenciosa a quienes no se alinean con el relato oficial. No ha habido director de esta entidad, en todo lo que va de gobierno, que no haya acabado salpicado por escándalos. Y eso, lejos de ser anecdótico, ya es una constante estructural.
Porque lo que ocurre en el DAPRE no es un accidente. Es el reflejo fiel de cómo el poder, cuando no se fiscaliza, se pudre desde dentro.
