La oposición exige la salida del ministro del Interior y de la directora del Dapre tras explosivas denuncias de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago.
El Congreso de la República activó una de las herramientas más contundentes del control político al presentar una moción de censura contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusado de presunto tráfico de influencias y de intentar cooptar cargos estratégicos en el Ministerio de Justicia para beneficiar a cercanos al Gobierno.
La medida fue promovida por el representante Jhon Jairo Berrío, del partido Centro Democrático, con el respaldo de otros 23 congresistas de distintas bancadas opositoras, y se sustenta en las declaraciones de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien aseguró haber recibido presiones directas de Benedetti y de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para remover funcionarios idóneos y reemplazarlos por personas sin el perfil técnico requerido.
“Me solicitaron, sin argumentos válidos, sustituir a una funcionaria competente por alguien cuya única credencial era la cercanía con el Gobierno. Esa fue una línea que no estaba dispuesta a cruzar”, afirmó Buitrago, quien presentó su renuncia irrevocable la semana pasada.
Los señalamientos apuntan particularmente a nombramientos en entidades sensibles como la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Dirección de Política de Drogas, organismos claves en la implementación de la política criminal y penitenciaria del Estado. La oposición ha calificado este episodio como “una intromisión grosera y antiinstitucional” en los procesos meritocráticos de la administración pública.
La moción, que deberá ser debatida en las próximas semanas en la plenaria de la Cámara de Representantes, podría derivar en la salida inmediata del ministro Benedetti si consigue la mayoría calificada requerida. Para analistas políticos, más allá de su desenlace, esta ofensiva revela la creciente fragmentación interna en el Ejecutivo y evidencia un déficit de gobernabilidad en la administración Petro.
No es la primera vez que el nombre de Benedetti genera turbulencia. Su ingreso al Ministerio del Interior hace apenas dos meses provocó un verdadero sismo político, que desembocó en la renuncia de figuras claves como el entonces director del Dapre, Jorge Rojas, el ministro de las Culturas, Juan David Correa, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. A estas salidas se sumaron, en efecto dominó, los ministros de Trabajo, Defensa e Interior.
“El Congreso no puede permitir que se use el poder ministerial para ubicar fichas políticas como si fueran cuotas personales. Estamos ante una posible desviación del poder público”, advirtió el representante Berrío, al anunciar que también presentará una moción similar contra Angie Rodríguez.
Por ahora, el presidente Gustavo Petro guarda silencio ante la arremetida política. Sin embargo, sectores del Pacto Histórico han salido en defensa de sus funcionarios, argumentando que se trata de una maniobra de la oposición para entorpecer la agenda reformista del Gobierno. Aun así, en privado, voces cercanas al Palacio de Nariño admiten preocupación por la creciente erosión de la estabilidad política del gabinete.
La moción de censura contra Benedetti, de avanzar, no solo significaría su salida del Gobierno sino que pondría en entredicho la forma en la que se está administrando el poder dentro de la Casa de Nariño. En un momento en que el Ejecutivo busca consolidar su legado a través de reformas estructurales, este episodio marca un punto crítico en la relación entre el Congreso y el Gobierno.
