Cartagena de Indias vive uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. En menos de 14 horas, cinco jóvenes fueron asesinados en distintos barrios de la ciudad, entre la tarde del domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de junio de 2025 crímenes no solo reflejan una alarmante escalada de violencia, sino también exponen la fragilidad institucional frente a un fenómeno que sigue cobrando vidas.
Las víctimas –Adrián Rafael Beleño Arroyo, Álvaro José Flórez Salazar, Darío José Díaz Negrete, José David Eguedo Valiente y José Darío Hormiga Velásquez– fueron atacadas en contextos que van desde riñas, atracos, hasta sicariato con presuntos móviles criminales. En todos los casos, los asesinos actuaron con impunidad, dejando tras de sí cuerpos y familias destrozadas.
La modalidad de los crímenes vuelve a ser la misma: hombres en motocicleta que disparan en plena vía pública, discusiones que escalan a la muerte sin mediación alguna, y víctimas jóvenes en zonas marcadas por la pobreza estructural pero no en los planes de atención integral.
Aunque las autoridades anunciaron investigaciones y operativos, no se reportaron capturas inmediatas. Esta inacción genera una peligrosa sensación de impunidad que envalentona a los criminales y vulnera aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
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Los hechos violentos contrastan con la aparente calma institucional. La Alcaldía Distrital ha concentrado sus esfuerzos recientes en la promoción de eventos culturales y deportivos, mientras las cifras de homicidios se disparan. No se percibe una política clara de seguridad ciudadana, ni estrategias preventivas sostenidas que involucren a las comunidades, la Policía y el gobierno nacional de forma articulada.
La pregunta que surge con fuerza es: ¿Qué está haciendo el Distrito para frenar esta crisis? ¿Se están invirtiendo los recursos necesarios en seguridad, inteligencia, justicia y desarrollo social, o seguimos atrapados en una gestión centrada en la imagen y la inmediatez?
La criminalidad está ganando espacio y encuentra terreno fértil para reclutar, operar y atemorizar. Sin oportunidades reales, muchos jóvenes caen en redes de microtráfico, sicariato o enfrentamientos violentos.
Más allá de las balas, lo que también preocupa es el silencio institucional. No hubo declaraciones de urgencia por parte de la Alcaldía. No se han convocado consejos extraordinarios de seguridad abiertos a la ciudadanía. Tampoco hay un pronunciamiento contundente del Concejo Distrital. Ese silencio, en medio de una ola de homicidios, es tan grave como los hechos mismos.
Los cartageneros merecen algo más que comunicados de rutina y cifras maquilladas. Necesita liderazgo, decisiones valientes y políticas públicas que prioricen la vida. La seguridad debe dejar de ser un discurso y convertirse en un compromiso medible, evaluable y ejecutado con transparencia.
