Una nueva controversia estalló en las últimas horas en Cartagena de Indias y esta vez el blanco de las críticas es el secretario del Interior, Bruno Hernández, señalado de convertir las capturas en un escenario para el protagonismo político y mediático, al punto de poner en riesgo el debido proceso.
El concejal y abogado Javier Julio Bejarano no se guardó nada: “Por el afán de gestión mediática se corre el riesgo de violar el debido proceso y dejar a las víctimas sin justicia real. ¡Necesitamos menos espectáculo y más resultados!”, advirtió el cabildante, quien recordó que ya son varios los casos en los que el funcionario ha convertido detenciones en un show frente a las cámaras.
El episodio más reciente ocurrió tras la captura de un hombre señalado de golpear brutalmente a su esposa en plena vía pública. Hernández apareció junto al comandante de la Policía Metropolitana, BG. Gelver Yecid Peña Araque, reprendiendo al detenido frente a las cámaras, una escena que, aunque pretendía enviar un mensaje contra la violencia de género, terminó por abrir un debate mucho más profundo: ¿se está aplicando la ley con el mismo rigor para todos?
La ciudadanía parece tener la respuesta. “Cuando es un desconocido, el alcalde condena con vehemencia; pero cuando el agresor es un contratista, calla y lo mantiene vinculado”, escribió en redes sociales Luis Ernesto Ramírez, reflejando el sentir de muchos cartageneros.
Y no es un comentario aislado. El caso Distriseguridad es el ejemplo más citado: un contratista señalado de agredir a una mujer en condición de calle no fue confrontado públicamente y, según denuncias del portal Red Caribe, este joven continúa recibiendo pagos por parte de la entidad.
La situación se vuelve aún más delicada con denuncias sobre una contratista vinculada a la misma Secretaría del Interior que tiene orden de arresto vigente desde hace varios meses y esta no se ha hecho efectiva por parte de la Policía. Todo esto contrasta con el despliegue mediático que Hernández exhibe cuando el capturado no pertenece al círculo cercano de la administración.
La contradicción es tan evidente como preocupante. Mientras en las calles el secretario asume el rol de policía, juez y fiscal ante los medios, en los despachos del Palacio de la Aduana reina el silencio cuando los implicados están ligados a contratos o relaciones políticas. Incluso, cuando se trata de casos mucho más graves, como la captura de sicarios, el despliegue mediático simplemente no ocurre.
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Expertos en derecho penal y procesal advierten que reprender a un capturado en público no es competencia del secretario del Interior y que este tipo de actuaciones podrían interpretarse como una intromisión indebida en el proceso judicial.
“Este tipo de exposiciones pueden vulnerar la presunción de inocencia y entorpecer la labor de la justicia. Los funcionarios deben garantizar la seguridad y el orden, no protagonizar espectáculos mediáticos”, explicó un jurista consultado por 724 | Noticias.
En medio de la creciente indignación ciudadana, la pregunta que muchos se hacen es tan sencilla como incómoda: ¿por qué el gobierno local actúa con mano dura contra los desconocidos, pero con guantes de seda cuando se trata de sus aliados?
La respuesta, por ahora, no llega. Lo que sí está claro es que la lucha contra la violencia no puede depender de simpatías políticas ni de contratos millonarios. La justicia no puede tener rostro, ni amigos y mientras la administración insiste en hablar de “cero tolerancia”, la realidad muestra otra cara: una en la que el rigor depende de quién esté en el banquillo.
