El dos de octubre, hace nueve años, ganó el NO en el plebiscito. Lo hizo contra todo y contra todos: el Gobierno, su presupuesto, sus triquiñuelas y sus falsedades; todos los partidos políticos, excepto el Centro Democrático; los gobernadores y alcaldes; los sindicatos; el Papa y la Iglesia; las ONG y los grandes cacaos; el grueso de la prensa y la comunidad internacional; los grupos violentos y sus fusiles. Un triunfo milagroso, de David contra Goliat.
El Gobierno intentó ensuciar ese triunfo heroico diciendo que fue resultado del miedo y las mentiras. Fue al revés. Para empezar, Santos y sus funcionarios cambiaron las reglas del juego para desequilibrar la cancha y favorecer el Sí: bajaron el umbral del 50 al 13%, eliminaron la prohibición de participación en política para los funcionarios públicos —de manera que el gobierno central y los departamentales y municipales pudieran apoyar el acuerdo—, negaron financiación pública a la campaña del No y, al mismo tiempo, invirtieron miles de millones en la del Sí; enmermelaron medios y periodistas; engañaron a la opinión con propaganda que el tiempo probó falsa.
Fueron muchas las trampas y mentiras de Santos y los promotores del Sí. Resalto algunas: dividieron el país entre «amigos y enemigos de la paz» y se les llenó la boca al sostener que “la guerra ha terminado”. Estigmatizaron a quienes defendimos el No, aunque lo que buscábamos era precisamente una paz real, una paz de verdad, y advertimos que el remedo que se pactaba solo conduciría a más violencia, como ocurrió. Además de las “disidencias”, que jamás entraron a la negociación, tampoco los jefes negociadores de las FARC se desvincularon del narcotráfico: Márquez, Santrich, el Paisa, Romaña, las “reincidencias” volvieron a matar. Hoy no hay paz, y las FARC no solo siguen vivas, sino que tienen 7.925 hombres entre enfusilados y redes de apoyo. Los viejos se jubilaron por cuenta nuestra y hubo un reciclaje de liderazgos.
Amenazaron con más violencia —y además en las ciudades— si triunfaba el No. “Si el plebiscito para la paz no se aprueba, volveremos al conflicto. Tenemos información de que las FARC están preparadas para la guerra urbana”, dijo Santos. ¿Quiénes fueron, entonces, los que sembraron miedo?
Dijeron que, con el pacto, “las FARC se cambian de bando y acordamos que nos ayuden a erradicar el narcotráfico de Colombia”. Hablaron de un “cambio de paradigma” en la lucha contra el narcotráfico y de un “histórico nuevo enfoque”. Para 2013, cuando todavía se seguía con las políticas de Uribe en materia de seguridad, en el país había solo 48.000 hectáreas de coca y la producción de cocaína se había desplomado a 290 toneladas. Como lo advertimos quienes defendíamos el No, todo cambió tras la firma en 2014 del componente de narcotráfico. Santos suspendió primero la fumigación aérea y después la erradicación forzada. Desde el Ministerio de Salud se prohibió el uso del glifosato contra la coca. Pactaron beneficios económicos para quienes se dedicaban a los cultivos ilícitos. Decidieron tratar el narcotráfico como un delito conexo al político, de manera que fuera susceptible de amnistía e indulto. No se estableció por ningún lado la obligación para las FARC de denunciar a sus cómplices en el negocio, las rutas, los laboratorios o los narcocultivos, ni tampoco una sanción efectiva para quienes no entregaran los bienes y dineros ilícitos. Estos y otros incentivos perversos explican, en buena parte, que hoy estemos inundados de coca.
Santos también afirmó que “está claro [que] tiene que haber una pena privativa de la libertad” y que si las FARC decían que “no quieren ser la primera guerrilla en el mundo que entrega las armas para irse a la cárcel, nosotros les decimos: pues el mundo ha cambiado”. Ya sabemos el resultado: ni cárcel ni ningún tipo de pena privativa de la libertad. Fue lo que dijimos que aseguraba la JEP, sobre la que también señalamos que sería un tribunal de impunidad de facto y de persecución contra los militares y policías, como ha sido.
Santos también sostuvo que las FARC no tendrían curules directas en el Congreso: “Gratis no, se la tienen que ganar, tienen que ir a campaña”. Siete años llevan ahí, pontificando de ética los criminales, y ya la JEP les aseguró que podrán seguir haciendo política sin restricción alguna.
La victoria del No fue un triunfo de la ciudadanía y de la opinión argumentada. El No ganó por la fuerza de sus ideas, por sus posiciones en defensa de la democracia y la justicia, por el acierto en resaltar las mentiras del Gobierno y los enormes problemas del pacto, en particular la impunidad, el premio a los criminales dándoles beneficios y prerrogativas que no tenemos los que nunca hemos delinquido, y los incentivos para nuevas violencias. Ganó porque quienes estábamos por el No recorrimos el país de lado a lado para explicar con juicio las razones que hacían que el pacto fuera no solo inconveniente sino dañino. El tiempo nos ha dado la razón.
Que no venga Santos de nuevo, otra vez, a mentir. Es absolutamente falso que el “nuevo” acuerdo haya corregido las observaciones que teníamos los promotores del No. La verdad es que tanto él como sus cómplices traicionaron a sus electores, mintieron a los colombianos y, aunque esta semana hayan dicho que no, le hicieron un conejazo monumental al No y a la democracia.
