Han pasado ya seis meses desde aquel 13 de abril de 2025, cuando Tatiana Alejandra Hernández Díaz, una joven médica bogotana de 24 años, desapareció sin dejar rastro en Cartagena de Indias. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada se ha transformado en un símbolo de negligencia institucional, miedo y desconfianza hacia las autoridades.
Tatiana realizaba sus prácticas profesionales en el Hospital Naval de Cartagena desde noviembre de 2024. Ese domingo fue vista por última vez en la avenida Santander, sentada frente al mar. Horas después, sus sandalias y su celular aparecieron abandonados sobre los espolones, sin ninguna pista de su paradero.
La versión inicial de las autoridades —que insinuaba un posible suicidio— fue rechazada tajantemente por la familia, que sostiene existen testigos y evidencias ignoradas que apuntan a un posible secuestro vinculado a denuncias internas en el sector salud.
El pasado 16 de octubre, Tatiana habría cumplido 24 años. Su madre, Lucy Díaz, publicó un mensaje desgarrador en redes: “A las personas que tienen retenida a Tatiana Alejandra Hernández Díaz, ya que también son hijos, les suplicamos que por favor la devuelvan. Hace seis meses que se la llevaron, sería un lindo regalo”.
Pero el dolor se ha transformado también en miedo y persecución. Lucy ha denunciado amenazas de muerte, extorsiones e incluso un intento de secuestro. Según relató, una organización criminal —presuntamente vinculada al Clan del Golfo— habría planeado secuestrarlos para silenciar su búsqueda o exigir dinero. El Gaula de la Policía habría frustrado uno de esos intentos cuando los delincuentes intentaron guiarlos hacia una zona rural fuera de Cartagena con información falsa.
El 20 de octubre, Carlos Hernández, padre de Tatiana, denunció que la investigación local está plagada de errores: “Hay testigos que saben que Tatiana fue sacada viva del lugar. No desapareció en el mar. Las autoridades lo saben, pero no han querido reconocerlo. Seguimos en la impunidad”.
Ante lo que consideran una inacción sistemática de la Fiscalía seccional de Cartagena, la familia interpuso un derecho de petición para trasladar el caso a Bogotá. Finalmente, a inicios de octubre, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación desde su sede central.
El abogado representante de los padres, calificó la decisión como un “acto de justicia tardía”, asegurando que hubo omisiones graves durante los primeros meses del caso: “Cartagena no realizó investigación terrestre ni seguimiento forense adecuado. La evidencia inicial se contaminó y no se priorizó la hipótesis de un crimen organizado”.
- Corrupción, silencio y la sombra de un encubrimiento
Fuentes cercanas al proceso afirman que nuevas pistas relacionan el caso con redes de corrupción, amenazas y presiones internas en el sector salud, lo que podría explicar la violencia con la que fue neutralizada una posible denuncia. Aunque la Fiscalía no ha confirmado oficialmente esta línea de investigación, la opacidad en la información y el mutismo institucional han generado indignación entre ciudadanos y organizaciones de derechos humanos que exigen resultados reales y protección a la familia.
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Hoy medio año después, Cartagena sigue sin respuestas. Las autoridades locales guardan silencio, mientras la familia Hernández Díaz se ve obligada a luchar contra el tiempo, la burocracia y las amenazas. El caso de Tatiana Hernández ya no es solo el de una joven desaparecida. Es el reflejo del abandono estatal, la desconfianza en la justicia y la indiferencia institucional ante las víctimas.




