En un gobierno en que no hay semana sin escándalos, dos son los peores de todos: el asalto orquestado desde Casa de Nariño a la UNGRD, cuyos fondos se usaron para comprar congresistas, y las alianzas de generales y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia con grupos criminales.
El primero, ya “viejo”, trajo esta semana la imputación de cargos contra los exministros de Interior y Hacienda, Velasco y Bonilla. Imputación tardía, porque las pruebas las tiene la Fiscalía hace más de año y medio, y obligada, porque la Suprema le trasladó las evidencias que ella sí recogió. La Fiscal de bolsillo de Petro se quedó sin opción de seguir haciéndose la de la vista gorda, como cuando facilitó la fuga de Carlos Ramón González. Pero no es previsible que el ente acusador cumpla con la tarea de negociar con los ministros para que confiesen quién les dio la orden. Semejante operación de saqueo y soborno, realizada por funcionarios nombrados por Petro y de su íntima entraña, solo tuvo un beneficiario.
La información sobre alianzas de generales y funcionarios de la DNI con disidencias de las Farc es igual de grave. Los datos no se los inventaron en Caracol ni en la CIA. Estaban en los computadores, memorias informáticas y celulares incautados el 23 de julio del año pasado en un operativo en que capturaron a Calarcá. La Fiscalía no hizo absolutamente nada con ellos durante año y medio. Hace cinco días no le quedó sino ratificar su autenticidad. Calarcá fue liberado por orden de Petro, quien lo nombró gestor de paz, y de la Fiscal, con la peregrina tesis de que aunque fuera atrapado en flagrancia solo podría ser detenido si estuviera cometiendo un crimen de lesa humanidad. Semejante teoría solo demuestra que los criminales pueden seguir delinquiendo siempre que tengan el amparo del Gobierno con la excusa de la “paz total”. No me cansaré de repetir que tal cosa no solo es absolutamente inconstitucional sino que deja a los inocentes desprotegidos frente a los forajidos.
Calarcá, cuando fue detenido, se movilizaba en camionetas de la UNP, trasladaba armamento y estaba acompañado por menores pertrechados. Y acá no pasó nada porque se volvió normal que el gobierno libere bandidos y estos sigan delinquiendo sin que nadie reclame al Gobierno y a la Fiscal su responsabilidad por dejar sueltos a los asesinos. Y desde entonces siguió matando.
Juan Miguel Huertas es un general llamado a calificar servicios durante Duque porque varios reportes de contrainteligencia determinaron que no era confiable. Huertas, junto con los generales Parra y Pinto, hizo parte de la campaña de Petro y hay trinos donde les da la bienvenida y fotos con él. Las disidencias de Calarcá se reunieron con Huertas varias veces cuando estaba en retiro pero ya era asesor del MinDefensa y el DNI. En esas reuniones, les propuso crear una empresa de seguridad privada de fachada que les permitiría moverse en vehículos blindados y andar armados y ofreció conseguir los permisos respectivos. El seis de agosto pasado, Petro lo reintegró y nombró jefe de personal del Ejército, una posición poderosísima y clave en determinar ascensos y retiros y la ubicación del personal en las distintas unidades.
El otro puente de las disidencias es Wilmar Mejía, un licenciado de educación física nombrado por Petro en la DNI, donde es «uno de los responsables en la purga de oficiales en el Ejército y la Policía, especialmente en el área de inteligencia, que no eran afines al gobierno”. Es claro que Mejía no está ahí por ser experto en la materia, que está a un abismo de ser, sino por su muy cercana relación con Petro. Mejía, apodado el Chulo por las disidencias, tenía también la tarea de acercarles integrantes de las FF.MM. y la Policía.
Además de los acuerdos con Huertas y Mejía para entregarles empresas de seguridad a las disidencias, también les dieron información clasificada para esquivar operativos de las Fuerzas Militares y movilizar sin riesgo a violentos con orden de captura. En reuniones en que participaron otros oficiales del Ejército, cuyos nombres no se conocen, se hizo un pacto de no agresión y se entregaron los códigos de las frecuencias radiales del Ejército. También se le entregaron a las disidencias datos sobre interceptaciones telefónicas y órdenes operacionales del Ejército, entre mucha información clasificada que se les filtró. En algunas reuniones estuvo también el director de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo, también nombrado por Petro.
En la información incautada hay decenas de pruebas adicionales de los apoyos a las disidencias por parte de personas de la Fiscalía, el Ejército, la Policía y la DNI y del papel de Huertas y Mejía. Mientras tanto, Petro ha salido a desinformar y ha respaldado a los involucrados.
Lo sucedido demuestra que
a) el propósito de Petro de desmoronar los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública se cumplió;
b) la DNI, en manos del M19, renunció a hacer sus deberes y se convirtió en un instrumento de control político sobre las Fuerzas Militares y la Policía;
c) los hombres que nombró Petro colaboran con los grupos criminales e infiltraron las Fuerzas;
d) el MinDefensa y el Comandante del Ejército son, como mínimo, unos peleles que permiten que la inteligencia la manejen desde la DNI, los ascensos, retiros y traslados los definan un general bandido de Petro y otro de sus hombres incrustado en la DNI, y no valga el mérito sino el servilismo al gobierno y la alineación ideológica. No fueron capaces ni siquiera de retirar a Huertas cuando se supo de sus andanzas;
e) ¿Indumil está entregando armas y permisos a los criminales? ¿Cómo es posible que Mazo siga en su cargo?;
f) en la Fiscalía también ayudan a los bandidos y la Fiscal, la de bolsillo de Petro, no mueve un dedo contra los amigos del Presidente involucrados en estos crímenes de traición a la Patria. ¿Cómplice?;
g) los grupos violentos no solo se han beneficiado de las innumerables dádivas que les da la “paz total” sino de lo que les entregan los amigos de Petro que ocupan posiciones claves dentro del Estado.
Y queda la pregunta más importante: ¿es posible que todo lo que hicieron Huertas y Mejía fuera a las espaldas de Petro o solo cumplen con sus instrucciones? Son sus hombres y por eso los ha defendido a capa y espada. De arrebatarle a los criminales el Gobierno, hoy en sus manos, depende el futuro.
