Aunque un juez revocó la sanción de arresto y multa, la justicia ordenó responder de fondo por los exagerados costos de las fiestas; el proceso continúa y las entidades adscritas quedan en la mira.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, evitó por ahora una sanción de arresto y multa, luego de que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena revocara la medida que le imponía tres días de arresto y el pago de un salario mínimo legal mensual. Sin embargo, el fallo no lo exonera del fondo del asunto: la polémica por los exagerados gastos de las Fiestas de Independencia 2025 sigue abierta y bajo escrutinio judicial.
La controversia se originó tras una acción de tutela interpuesta el 25 de septiembre de 2025 por Jairo Tobinson Ochoa, presidente de la Veeduría Ciudadana “Veninusa”, debido al incumplimiento en la respuesta oportuna y de fondo a un derecho fundamental de petición relacionado con el detalle financiero de las fiestas, incluyendo contratación de artistas y costos de eventos.
Inicialmente, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Cartagena había ordenado sancionar al mandatario distrital por desacato. No obstante, el Juzgado Sexto revocó la sanción, pero mantuvo la obligación de responder de manera clara, precisa y congruente.
En el fallo se evidencia una jugada estratégica del alcalde Dumek Turbay, quien trasladó la responsabilidad de responder la petición a:
- Lucy Espinoza, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC)
- Liliana Rodríguez, directora de Corpoturismo
Ambas funcionarias deberán ahora asumir el peso del proceso, responder el derecho de petición y explicar cómo, en qué y con quiénes se gastaron los recursos públicos durante las celebraciones.
La situación ha generado fuertes críticas. Mientras el alcalde lideró el protagonismo mediático anunciando conciertos, eventos y artistas de alto costo durante las Fiestas de Independencia, se declara incompetente para responder cuando se le exige transparencia financiera.
Para anunciar fiestas, el alcalde es el rostro visible pero para rendir cuentas, la responsabilidad recae en funcionarias de menor rango administrativo.
Ante este escenario, Jairo Tobinson Ochoa presentó una acción constitucional de impulso procesal, solicitando:
- El estricto cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito
- El reinicio del trámite constitucional desde cero (ab initio)
- La admisión nuevamente de la acción de tutela
- La vinculación formal del IPCC, Corpoturismo y cualquier otra entidad pertinente
Todo con el fin de que las entidades se pronuncien de fondo, sin evasivas ni respuestas genéricas, sobre los hechos y pretensiones de la tutela.
Aunque Dumek Turbay se salvó del arresto y la multa, la decisión judicial deja claro que la transparencia no es opcional y que el debate por los costos reales de las Fiestas de Independencia 2025 apenas comienza. La justicia ya habló: alguien tiene que responder.
