Una investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una presunta estructura criminal que, según las autoridades, convirtió la cárcel El Barne, en Cómbita (Boyacá), en un centro de operaciones para realizar llamadas extorsivas a ciudadanos de diferentes regiones del país.
En total, 17 personas fueron judicializadas, entre ellas cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), señalados de presuntamente facilitar el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos prohibidos que habrían permitido a varios privados de la libertad ejecutar el esquema delictivo.
De acuerdo con la investigación, la organización habría operado entre enero y diciembre de 2025, utilizando información detallada de las víctimas para hacer más creíbles las amenazas. Los presuntos integrantes externos recopilaban datos sobre la actividad económica, direcciones, familiares y otros aspectos personales de los afectados, información que posteriormente era entregada a los internos.
Con esos datos, los reclusos realizaban llamadas haciéndose pasar por integrantes de grupos armados organizados y exigían consignaciones o giros de dinero bajo amenazas de muerte y otros actos de intimidación.
- Operativo en ocho departamentos
Las capturas fueron realizadas en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional en Bogotá y municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.
Entre los funcionarios del INPEC procesados se encuentran:
- Javier Alexander Hernández Castillo.
- John Fredy Pineda Rivera.
- Cristian Mauricio Arcos.
- Brayan Esteven Salamanca Díaz.
- Deivis Maryu Forero Gómez.
Según el ente investigador, estos funcionarios habrían incumplido sus deberes de vigilancia y custodia, permitiendo el ingreso de celulares y otros elementos que eran utilizados para mantener activa la red de extorsiones desde distintos pabellones del establecimiento penitenciario.
- Imputación y medidas judiciales
Un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los 17 procesados el delito de extorsión, cargo que no fue aceptado por los investigados.
Por decisión de un juez de control de garantías, Deivis Maryu Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. Los demás continuarán vinculados a la investigación en libertad.
La Fiscalía indicó que el proceso busca esclarecer el alcance de la presunta red criminal y determinar si existen más personas involucradas en las actividades ilícitas que, según la investigación, se coordinaban desde el interior del penal.
