Con más de $736.000 millones de pesos comprometidos en cinco megaproyectos estratégicos, la Alcaldía de Cartagena ejecutó en 2025 una de las mayores apuestas de inversión pública de la última década. Turismo, adaptación climática, movilidad, educación y saneamiento básico concentran el grueso de los contratos más cuantiosos. Sin embargo, más allá del impacto político y urbanístico, la pregunta clave es otra: ¿son viables, sostenibles y rentables estas inversiones para la ciudad?
Un análisis técnico y financiero revela un panorama mixto, con proyectos de alto retorno social, otros de riesgo operativo y varios condicionados a una ejecución sin fallas en una ciudad históricamente golpeada por sobrecostos y retrasos.
- Gran Malecón del Mar ($196.992 millones)
El proyecto insignia del Distrito promete transformar el borde costero y potenciar el turismo internacional. Desde el punto de vista económico, la inversión es defendible: experiencias similares en ciudades costeras muestran retornos indirectos elevados en empleo, comercio y valorización inmobiliaria.
No obstante, el riesgo está en la sostenibilidad técnica. La obra depende críticamente de la efectividad de las intervenciones de protección costera frente al aumento del nivel del mar y la erosión. Con apenas un 27% de ejecución, su viabilidad de largo plazo estará determinada por la calidad de los materiales, el mantenimiento futuro y la capacidad del Distrito para financiar esa conservación es decir viable, pero con riesgos climáticos y fiscales significativos.
Aquí puede leer: https://724noticias.com.co/2025/05/19/%f0%9f%94%a5zc-contratos-del-malecon-del-mar-bajo-la-lupa-documentos-revelan-irregularidades-y-favoritismo/
- Control de inundaciones en Bocagrande y Castillogrande ($164.863 millones)
Desde el análisis costo-beneficio, este es uno de los proyectos más justificados, aunque políticamente menos vistosos. Las inundaciones generan pérdidas millonarias anuales en infraestructura, turismo y comercio.
El riesgo radica en el proceso contractual: la licitación inicial fue declarada desierta y el proyecto se adjudicó por selección abreviada. Además, su plazo de 24 meses lo expone a cambios de administración y presiones presupuestales. Un proyecto financieramente sensato y socialmente urgente, pero vulnerable a fallas de ejecución.
- Cinco megacolegios ($158.479 millones)
En términos de política pública, es una de las inversiones más sólidas. La ampliación de infraestructura educativa tiene retornos comprobados en productividad, reducción de desigualdad y desarrollo humano. El contrato ya está en ejecución y cuenta con un alcance claro y medible. El principal desafío será garantizar dotación, mantenimiento y planta docente, para evitar que la inversión quede limitada a cemento y no a calidad educativa.
- Alcantarillado de Bayunca y Pontezuela ($114.616 millones)
Este proyecto tiene uno de los mayores retornos sociales por peso invertido. El acceso a saneamiento básico reduce enfermedades, costos en salud pública y brechas sociales. El antecedente de irregularidades en el proceso inicial obliga a una vigilancia estricta, pero el hecho de que las obras ya estén en marcha y que la necesidad sea estructural fortalece su justificación. Una inversión incuestionable, con riesgo político más que técnico.
- Intercambiador vial de La Carolina ($100.836 millones)
La obra promete reducir tiempos de desplazamiento y descongestionar el sur de la ciudad, beneficiando a miles de ciudadanos. Sin embargo, expertos advierten que infraestructura vial sin planificación urbana integral puede incentivar expansión desordenada y nuevos cuellos de botella. La viabilidad dependerá de su articulación con transporte público, control del uso del suelo y gestión del tráfico posterior.
En conjunto, las inversiones son exigentes. Cartagena apostó por obras de alto impacto estructural, muchas de ellas necesarias. El problema no está en el qué, sino en el cómo: calidad de ejecución, transparencia contractual, mantenimiento y continuidad institucional.
En una ciudad con antecedentes de obras inconclusas y sobrecostos, el éxito de esta inversión histórica dependerá menos del monto adjudicado y más de la capacidad real de gobernar la ejecución. Si fallan, el costo no será solo fiscal: será social, urbano y político.
