Colombia atraviesa un escenario de alta tensión política y económica marcado por decisiones del Gobierno nacional que han abierto un profundo debate jurídico, técnico y social. El presidente Gustavo Petro convocó recientemente a la movilización ciudadana para respaldar dos ejes centrales de su agenda: la declaratoria de emergencia económica y el incremento del salario mínimo para 2026, fijado por decreto en una cifra cercana a los dos millones de pesos mensuales, lo que el mandatario ha denominado “salario vital y familiar”.
Más allá del llamado a las calles, estas medidas han generado cuestionamientos de fondo sobre su legalidad, viabilidad económica y sostenibilidad, encendiendo alarmas en sectores empresariales, académicos y jurídicos.
El incremento salarial decretado por el Ejecutivo, cercano al 23,7%, se realizó sin el tradicional proceso de concertación tripartita entre Gobierno, empresarios y trabajadores. Según el presidente Petro, la decisión se fundamenta en una interpretación constitucional del concepto de “salario vital”, orientada a garantizar condiciones dignas de vida para las familias trabajadoras.
No obstante, expertos en derecho laboral y economía advierten que el decreto se habría apartado de los criterios legales obligatorios, como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la participación salarial en el ingreso nacional. En ese contexto, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) interpuso una demanda solicitando la suspensión inmediata del decreto, argumentando que su aplicación podría poner en riesgo más de 770.000 empleos formales en el país.
La controversia escaló al plano judicial luego de que el Consejo de Estado admitiera la primera demanda formal contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026. El alto tribunal evaluará si la metodología utilizada por el Gobierno vulneró normas constitucionales y si se sustituyeron parámetros técnicos por criterios de carácter político o ideológico.
De prosperar los argumentos jurídicos, el decreto podría ser suspendido o anulado, lo que abriría un nuevo escenario de incertidumbre económica y política.
Analistas advierten que un aumento salarial de esta magnitud, adoptado de manera unilateral, podría generar presiones inflacionarias, afectar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas y profundizar las dificultades de una economía que aún enfrenta desafíos en empleo, crecimiento y estabilidad fiscal.
La falta de consensos y de una explicación técnica robusta ha llevado a que el debate se traslade de la mesa económica a los estrados judiciales, un hecho poco común en la fijación del salario mínimo en Colombia.
A este panorama se suma la declaratoria de emergencia económica, utilizada por el Gobierno para justificar la adopción de impuestos temporales y ajustes fiscales sin pasar por el Congreso. Juristas y sectores políticos cuestionan si esta figura responde a una crisis real, imprevista y verificable, o si obedece a la dificultad del Ejecutivo para construir mayorías y consensos legislativos.
El escenario actual refleja un modelo de gobernanza que ha privilegiado la confrontación política y los decretos sobre el diálogo institucional. Si bien la movilización ciudadana es un mecanismo legítimo en democracia, su uso como respuesta a demandas judiciales y críticas técnicas ha generado preocupación en distintos sectores.
Más allá de la polarización, el debate de fondo gira en torno a preguntas clave: ¿por qué políticas económicas estructurales enfrentan hoy múltiples demandas?, ¿por qué el debate técnico ha sido desplazado por consignas?, y ¿Cuál es el plan concreto para enfrentar los problemas reales de empleo, inflación y crecimiento?
En un país que busca mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, las decisiones públicas requieren sustento técnico, consensos amplios y seguridad jurídica, elementos que hoy están en el centro de una discusión que apenas comienza y que podría definir el rumbo económico y político de Colombia en 2026.
