Es la demanda que se hace en cada pueblo, en cada barrio, en cada hogar del país. Desde San Juan de Urabá a Florencia, de Leticia a Turbaco, de Cúcuta a Dosquebradas, no hay rincón de Colombia al que vaya en que el reclamo no sea ese. El ciudadano está agobiado por la violencia en los campos y la inseguridad en las ciudades, y se siente absolutamente desprotegido.
La “paz total” ha sido un fracaso total. Este supuesto gobierno “de la vida” en realidad es de una “paz mortal”. Una combinación desastrosa de fortalecimiento en paralelo de los grupos criminales y simultáneo debilitamiento de la Fuerza Pública. El que paga es el ciudadano, en especial el más débil y vulnerable.
El panorama es tenebroso. Entre mediados de 2022 y diciembre del año pasado, los grupos criminales han crecido exponencialmente en número de hombres. El Clan del Golfo tenía 4.061 hombres cuando empezó Petro; en diciembre de 2024 contaba con 7.551 integrantes y en 2025 aumentó un 30% para llegar a 9.840. El Clan ha crecido un 242%. El ELN saltó un 15%, de 5.885 hasta 6.810 miembros. Las disidencias y reincidencias de las FARC pasaron de 3.275 a 9.634 bandidos. Se triplicaron. Entre todos, 26.284 bandidos. Las cifras son oficiales. Según la FIP, es peor: 27.121 miembros tendrían los grupos violentos, un 23,5% más que en 2024.
La expansión territorial también ha sido enorme. Para fines de 2024, el 71% de los municipios —790— tenían presencia de grupos violentos. De esos, en 376 tienen fuerte influencia o control.
En paralelo, también crecen los homicidios. El 2025 cerró con 14.780 homicidios, según Medicina Legal, un 6,3% más que en 2024 y un 10,8% más que al inicio del gobierno. La tasa de homicidio pasó de 26,5 a 27,9 por 100.000 habitantes. Hay que advertir que Medicina Legal es la fuente más confiable y la que se usó siempre para medir la tasa de homicidio hasta que este gobierno dejó de usarla. Petro le entregó la medición al Ministerio de Defensa, cambió la metodología y excluyó unas causas de muerte en la medición para poder mostrar cifras más bajas. Pero incluso con esos datos, el deterioro es evidente. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 aumentaron los homicidios de 13.497 a 13.726 y la tasa por 100.000 habitantes subió a 25,8. En fin, durante los primeros tres años de Petro hubo 40.663 homicidios en el país, 2.862 más frente al mismo período de Duque, un 7,6% adicional. El promedio anual de homicidios con Petro asciende a 13.554 casos; con Duque, 12.598; y durante Santos, 12.215.
Los enfrentamientos entre grupos armados aumentaron un 34% frente a 2024, con trece zonas de disputa, casi el doble que cuando Petro empezó, y los ataques a la Fuerza Pública aumentaron un 62%. El secuestro creció en 2024 un 133%, llegando a 651. La extorsión, que tiene además un serísimo problema de subregistro, está disparada. El desplazamiento ha crecido un 85%. Y estamos inundados de coca y cocaína, sobre lo que no me extiendo porque sobre ello he profundizado en otras columnas.
Con los antecedentes de Petro, es inevitable preguntarse si lo sucedido es solo resultado de la ingenuidad, la imprevisión y la incompetencia, o si lo que ocurre es precisamente lo que buscaba esta izquierda extrema. El origen y la formación criminal de Petro, sus viejas relaciones con el narcotráfico, la financiación mafiosa de su campaña, los pactos con los bandidos en las cárceles para ganar la campaña, la ausencia absoluta de medidas correctivas y la persistencia en los “errores” permiten pensar que no es un efecto indeseado, sino un propósito buscado y querido.
En cualquier caso, el próximo gobierno debe priorizar la seguridad. El ciudadano debe tener la certeza de que, después de salir en la mañana a trabajar, regresará al final de la jornada sano y salvo, íntegro, a su hogar y con el fruto de su trabajo en el bolsillo.
Hay que acabar con la práctica nefasta de dejar en impunidad a los bandidos si hacen parte de los grupos criminales y, por supuesto, con la aún más grave de premiarlos con beneficios económicos y políticos que no tenemos los que jamás hemos delinquido. Y hay que enviar el mensaje inequívoco de que quien delinque tendrá castigo.
Hay que recuperar la Fuerza Pública, destrozada por Petro: devolver estabilidad al mando, restituir la moral de combate, desatarle las manos para que combata a los bandidos, darle el presupuesto que necesita, reconstruir el sistema de inteligencia, restablecer la capacidad aérea y helicotransportada, fortalecer las fuerzas especiales y reconstruir los mecanismos de cooperación con la ciudadanía.
No será fácil ni inmediato. No tenemos Plan Colombia y no sabemos con quiénes se cuenta en las Fuerzas, infiltradas por los violentos. Pero no hay tampoco alternativa: sin seguridad no hay futuro.
