La diputada del departamento de Bolívar, Karen Cure sostiene que sus críticas contra el exgobernador y actual alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz hacen parte del control político legítimo. Advierte que obligarla a rectificar sería un precedente peligroso para la oposición en Colombia.
El pulso político entre la diputada Karen Violette Cure y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, escaló al terreno judicial. La congresista presentó su contundente respuesta a la acción de tutela interpuesta por el exgobernador, quien busca que se rectifiquen declaraciones que considera lesivas para su honra.
Pero Cure no retrocede. En su escrito, sostiene que sus manifestaciones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el control político, pilares —según subraya— esenciales en una democracia. Para la diputada, sus pronunciamientos no constituyen difamación ni injuria, sino críticas dirigidas a la gestión pública de Turbay.
“El debate fue sobre la administración, no sobre la vida privada ni imputaciones falsas”, es la línea argumentativa que estructura su defensa. Cure enfatiza que, en el ámbito constitucional, las figuras públicas —y más aún quienes ejercen altos cargos— están sometidas a un umbral de escrutinio más amplio y severo.
Uno de los puntos neurálgicos del caso es la figura de la rectificación en equidad. La diputada sostiene que no procede en este escenario, ya que sus declaraciones no versaron sobre hechos falsos verificables, sino sobre juicios de valor y apreciaciones políticas. Desde la doctrina constitucional, explica, las opiniones no son susceptibles de rectificación en los mismos términos que una afirmación fáctica inexacta.
Además, advierte que acceder a la pretensión de Turbay tendría un efecto inhibidor —un “efecto silenciador”— sobre el ejercicio de la oposición y el control político. “Si se ordena rectificar opiniones críticas, se envía un mensaje peligroso a quienes fiscalizan el poder”, es el trasfondo del argumento.
En su petición final, Cure solicita que la tutela sea negada en su totalidad y que el juez reafirme la vigencia plena de su derecho a la libertad de expresión, opinión y control político.
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La decisión judicial no será menor. Más allá del choque personal entre una diputada y un alcalde, el fallo podría sentar un precedente relevante sobre los límites entre el derecho al buen nombre y la libertad de expresión en el debate público colombiano. En un contexto de alta polarización y creciente judicialización de la política, el caso se perfila como una prueba clave para la robustez del control democrático. El juzgado tiene ahora la palabra. Y con ella, podría redefinir el alcance de la crítica política en Colombia.
