Cuatro hermanitos caminan casi descalzos y con hambre para ir al colegio en los Montes de María, mientras la solidaridad de la Policía Comunitaria se convierte en una luz de esperanza frente al abandono estatal.
A las seis de la mañana, cuando el país aún duerme y la infancia debería seguir soñando, cuatro hermanitos ya están de pie, con hambre, enfrentando el día. No llevan merienda. Muchas veces tampoco desayuno. Salen casi descalzos, con los pies heridos por el polvo y el frío, y el estómago vacío convertido en la primera lección que la vida les impone antes de llegar al aula.
Durante casi 20 minutos avanzan por calles polvorientas, en silencio. No es un silencio casual: es el silencio del hambre, el que aprieta el pecho y apaga las palabras. Caminan juntos, muy juntos, aferrados unos a otros como si supieran —con una sabiduría que no debería pertenecer a la infancia— que separarse sería rendirse.
Son Miguel Ángel, María Ángel, Maira Rosa y Guadalupe, de 8, 9, 10 y 11 años. Cuatro niños que deberían estar jugando, riendo, soñando. Cuatro edades demasiado pequeñas para cargar una verdad tan cruel: que en Colombia, para algunos, estudiar no solo cuesta… duele.
Todos comparten una historia marcada por la ausencia, la pobreza persistente y el abandono institucional. Esta es la Colombia que casi nunca abre noticieros, la que no cabe en discursos ni en cifras oficiales. En Córdoba, en pleno corazón de los Montes de María (Bolívar), la pobreza no es una palabra técnica ni un dato estadístico. Aquí tiene rostro, tiene hambre y tiene miedo.
Tiene la forma de un arroyo que bordea una casa frágil y que, cuando llueve, amenaza con llevárselo todo: los pocos enseres, los cuadernos húmedos, la esperanza misma. A escasos metros de ese cauce —frontera invisible entre la vida y la resignación— se sostiene una vivienda de bahareque, embutido y cemento agrietado. Allí no se vive: se sobrevive. Allí resiste la familia Monroy Daza, un espejo doloroso de la deuda social que el país sigue aplazando.
El padre de 37 años, está privado de la libertad. Su ausencia no se mide solo en barrotes ni en distancia: se mide en platos vacíos, en cuadernos incompletos, en noches interminables sin certezas. Es una ausencia que pesa todos los días, especialmente cuando hay hambre.
La madre, Geidis Paola de 28 años, trabaja en Barranquilla como empleada doméstica. La distancia es el sacrificio que paga para intentar sostener a sus hijos. No duerme bajo el mismo techo que ellos. Envía lo que puede, cuando puede, con la angustia constante de saber que casi nunca es suficiente.
En la casa quedó la abuela Omaira de 48 años. Sobre ella recae una responsabilidad que desborda cualquier edad, cualquier fuerza y cualquier salario. Hace aseo en casas de familia y, con ingresos irregulares, intenta alimentar, vestir con ropa usada y proteger a sus nietos. Muchas veces no alcanza. Muchas veces no hay cómo. Muchas veces solo queda el abrazo y la promesa de que mañana será mejor.
En esa vivienda no hay televisor que distraiga del hambre ni una nevera que garantice comida segura. La que existe funciona mal, casi tan mal como el sistema que debería protegerlos. Hay días —demasiados— en los que los niños salen al colegio sin desayunar y regresan sin haber probado bocado. Vuelven con cuadernos llenos de tareas y una pregunta que pesa más que cualquier deber escolar: ¿qué vamos a comer hoy?
Aquí, estudiar no siempre significa aprender. Muchas veces significa resistir. Ir al colegio implica caminar con el estómago vacío. Crecer es acostumbrarse a la carencia como si fuera normal, pero esta vez, el abandono no fue absoluto.
Desde el año pasado, la patrullera Linda Lucía Díaz Hernández, adscrita a la Policía Comunitaria, decidió romper la lógica fría del uniforme y mirar de frente una realidad que duele. Su intervención no fue de control, sino de humanidad. Brindó clases, acompañamiento escolar y apoyo alimentario. Los llevó a la estación de Policía, un lugar que para estos niños dejó de ser símbolo de autoridad distante y se transformó en refugio. Allí hubo películas, meriendas y, por momentos, una infancia que en su casa casi no existe.
El compromiso creció. La historia tocó fibras. El grupo de Policía Comunitaria del comando decidió apadrinar a los niños. Llegaron uniformes escolares, bicicletas, zapatos, bolsos y cuadernos. Llegó dignidad donde antes solo había carencias. No fue caridad pasajera: fue un acto de conciencia frente a una realidad que duele como país.
Hoy, la familia Monroy Daza sigue viviendo junto al arroyo. Siguen sin seguridad alimentaria. Siguen enfrentando el abandono estructural que golpea a miles de familias rurales y periféricas de Colombia. Pero algo cambió: ya no están completamente solos.
En Córdoba, en los Montes de María, la Policía mostró un rostro que casi nunca se cuenta: el que entiende que la verdadera seguridad empieza cuando ningún niño tiene que ir a estudiar con hambre. Una lección que no debería depender de la buena voluntad, sino de un país entero dispuesto a no seguir mirando hacia otro lado.
