La delgada línea entre el desarrollo urbano y el respeto por la legalidad ambiental parece haberse roto en Cartagena, y lo que hoy se levanta frente al mar amenaza con convertirse en un símbolo de improvisación, arrogancia institucional y decisiones que podrían costarle caro a la ciudad.
Lo que en su momento fue un proyecto estructurado, técnicamente sustentado y jurídicamente avalado —las obras de protección costera— corre ahora el riesgo de ser manipulado y estirado más allá de sus límites legales, como si la norma fuera un obstáculo menor y no el cimiento de cualquier obra responsable.
Durante la administración de Sergio Londoño, en 2018, cuando estuvo encargado de la Alcaldía de Cartagena, la ciudad alcanzó un avance que en su momento fue celebrado como histórico: la obtención de la licencia ambiental por parte de la ANLA para ejecutar 7.2 kilómetros de obras de protección costera. No era una obra improvisada ni un capricho político; era una intervención diseñada para contener la erosión y preservar la integridad del litoral urbano, respaldada por estudios técnicos rigurosos y por el cumplimiento estricto de la ley.
Con una inversión de 160 mil millones de pesos —financiada en un 62.5% por la Nación y en un 37.5% por el Distrito— se trataba de una apuesta seria, planificada y jurídicamente blindada. Era, en esencia, un proyecto que respetaba la lógica institucional y el sentido común.
Pero lo que hoy ocurre bajo la actual administración ha encendido alarmas que no pueden ser ignoradas. El denominado “Malecón del Mar”, impulsado por el alcalde Dumek Turbay, se extiende por un tramo distinto al originalmente licenciado: desde Playa Azul, en Cielo Mar, hasta la entrada de Bocagrande. Un trayecto que, sencillamente, no hace parte de la licencia otorgada por la ANLA.
Y aun así, la obra avanza. Avanza amparada en una interpretación que muchos consideran forzada, sostenida en un permiso de la Dimar que, como es sabido, no sustituye ni puede equipararse a una licencia ambiental. Confundir un permiso técnico con una licencia ambiental no es un detalle menor: es una señal preocupante de cómo se están tomando decisiones que comprometen el futuro de la ciudad.
La licencia ambiental no es un simple papel ni un trámite incómodo que se pueda sortear con creatividad administrativa. Es la garantía de que un proyecto ha sido evaluado en términos de impacto ecológico, sostenibilidad y viabilidad. Ignorarla, minimizarla o pretender reemplazarla con autorizaciones de menor alcance es una afrenta directa al ordenamiento jurídico y a los principios básicos de responsabilidad ambiental.
Pero el problema no se queda en el terreno legal. Sus efectos comienzan a verse en la arena… o, mejor dicho, en la arena que ya no está. Las playas de Crespo, Marbella y El Cabrero —símbolos históricos de la identidad natural de Cartagena— muestran señales evidentes de deterioro. Lo que se presenta como progreso urbano ha terminado, según múltiples voces ciudadanas y observadores técnicos, por alterar corrientes marinas, acelerar procesos de erosión y reducir áreas de playa que durante décadas fueron patrimonio colectivo.
No se trata de daños menores ni de simples ajustes técnicos. Se trata de impactos que pueden comprometer el futuro ambiental, turístico y económico de la ciudad. En medio de este escenario surgen preguntas inevitables, incómodas y urgentes: ¿Puede un alcalde modificar por voluntad propia el alcance de un proyecto licenciado sin acudir a las instancias correspondientes? ¿Puede una ciudad permitirse el lujo de poner en riesgo su patrimonio natural en nombre de una obra que no cumple con todos los requisitos legales?
Desde cualquier perspectiva institucional seria, la respuesta debería ser un rotundo no. El desarrollo urbano no puede edificarse sobre interpretaciones flexibles de la ley ni sobre decisiones apresuradas que ignoran advertencias técnicas. Cartagena necesita infraestructura, sí. Pero necesita aún más coherencia, respeto por las normas y una visión que piense en décadas, no en titulares.
Porque las decisiones que hoy se toman desde el poder —si carecen del rigor necesario— pueden convertirse mañana en cicatrices irreversibles sobre el territorio y sobre la confianza ciudadana.
Este no es un debate menor ni una discusión pasajera. No es una disputa política más. Es una confrontación directa entre dos modelos de ciudad: uno que apuesta por el progreso responsable y otro que parece dispuesto a avanzar aun cuando la legalidad quede en segundo plano. Cartagena está siendo empujada a elegir. Y en esa elección, la ley no puede convertirse en un accesorio opcional ni en una barrera incómoda que se rodea cuando conviene.
