La candidata presidencial hizo un llamado urgente a la Fiscalía para que restablezca las órdenes suspendidas desde 2024 y advirtió sobre un deterioro crítico en los indicadores de seguridad del país.
La candidata presidencial Paloma Valencia hizo este jueves 16 de abril de 2026 un enfático llamado a la Fiscalía General de la Nación para que reactive de manera inmediata las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, suspendidas desde 2024 en el marco de decisiones relacionadas con la política gubernamental de negociación con grupos armados.
En un pronunciamiento público, Valencia sostuvo que la reactivación de estas órdenes no solo es jurídicamente viable, sino necesaria ante la presunta reincidencia delictiva atribuida al señalado integrante armado. La dirigente argumentó que la jurisprudencia constitucional respalda la actuación autónoma de la Fiscalía en estos casos.
La candidata citó la Sentencia C-525 de 2023 emitida por la Corte Constitucional de Colombia, en la que se declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.
Según Valencia, el fallo establece que la suspensión de órdenes de captura contra miembros de grupos armados organizados no opera automáticamente por solicitud del Ejecutivo, sino que corresponde a la Rama Judicial analizar cada caso particular. “La Fiscalía mantiene la facultad de examinar la conveniencia de la suspensión y puede reactivar las órdenes cuando se incurra en nuevos delitos”, señaló la candidata, enfatizando el principio de separación de poderes.
Sostiene que alias “Calarcá” habría utilizado la suspensión de las órdenes de captura para continuar actividades ilegales, ampliar la estructura armada y movilizarse libremente por el territorio nacional. También aseguró que, según denuncias conocidas públicamente, el señalado habría logrado infiltraciones en entidades estratégicas del Estado como el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, además de utilizar esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección.
Estas afirmaciones se suman a las críticas que la candidata ha mantenido frente a la política de seguridad impulsada por el Gobierno bajo el programa conocido como Paz Total. Valencia cuestionó el impacto de la estrategia gubernamental en materia de seguridad, señalando que el número de integrantes de grupos armados habría alcanzado los 27.000 hombres en armas.
Asimismo, aseguró que indicadores como el secuestro, la extorsión y el terrorismo han presentado aumentos significativos en los últimos años. La dirigente calificó el panorama de seguridad como “crítico” y sostuvo que el Estado no puede permitir que decisiones administrativas favorezcan indirectamente a estructuras criminales. “La Fiscalía no puede eludir su mandato constitucional y debe actuar sin titubeos frente a criminales de alta peligrosidad”, expresó.
La candidata presidencia Paloma Valencia planteó interrogantes sobre la posibilidad de que la permanencia en libertad de ciertos actores armados pueda responder a cálculos políticos en el contexto de las elecciones presidenciales previstas para 2026 y afirmó que los colombianos tienen derecho a vivir en un país seguro.
El pronunciamiento se suma a la creciente controversia en torno a las decisiones adoptadas en el marco de los procesos de diálogo con grupos armados y el alcance de las facultades judiciales frente a la suspensión de órdenes de captura. Analistas consideran que el tema seguirá ocupando un lugar central en el debate político y jurídico nacional, especialmente en el contexto preelectoral y ante los retos que enfrenta el país en materia de seguridad.
