Un conflicto que comenzó con publicaciones en redes sociales y señalamientos públicos terminó escalando a un complejo proceso judicial que hoy concentra la atención de distintos sectores políticos, jurídicos y mediáticos en Cartagena.
El caso involucra a Fany Dinora Pachón Rodríguez, contratista vinculada a la Alcaldía de Cartagena, y al ingeniero y columnista Álvaro González Álvarez, quien acudió ante la justicia tras considerar que varias publicaciones difundidas desde la cuenta @Fanypachon1 afectaban su honra y buen nombre.
Con el paso de los meses, el expediente dejó de ser una simple controversia digital y pasó a incluir fallos de tutela, órdenes judiciales de retractación, incidentes de desacato, sanciones económicas, órdenes de arresto e investigaciones penales relacionadas con el presunto incumplimiento de decisiones judiciales.
A esto se suman recientes cuestionamientos sobre posibles dilaciones procesales y nuevas tensiones alrededor del desarrollo de las audiencias dentro del caso.
Las publicaciones que reactivaron la polémica
Las imágenes comenzaron nuevamente a circular en redes sociales y grupos de mensajería durante los últimos días. En una de las publicaciones atribuidas a Pachón Rodríguez se lee: “Así o más claro, que haga lo que le dé la gana… Que yo soy libre de hacer lo que desee”.
Otra de las imágenes que más reacciones generó contiene expresiones dirigidas a una persona a quien identifica como “el implacable”:
“Será que alguien le dice a alias el ‘implacable’ que mientras yo respire NUNCA existirá la mínima pronunciación mía!! Puede chillar, revolcarse, convulsionar y empapelar el planeta si le da la gana porque no haré nada de lo que él desea… MUERTA PRIMERO MALPARIDO”.
Las publicaciones provocaron reacciones divididas en redes sociales debido al tono utilizado y al contexto judicial que rodea actualmente el caso.
- La tutela presentada por Álvaro González Álvarez
De acuerdo con documentos judiciales conocidos por 724 Noticias, el conflicto escaló formalmente en noviembre de 2023, cuando González Álvarez interpuso una acción de tutela alegando vulneración a sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
Según el expediente, estaba siendo señalado públicamente de presunto despojo de tierras y desplazamiento de comunidades en el sector Serena del Mar, en Cartagena.
En febrero de 2024, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena revocó el erróneo fallo de primera instancia y conminó a Fany Pachón a retractarse de la difamación proferida en contra de Álvaro González.
- La retractación ordenada judicialmente
Dentro de las medidas ordenadas por los despachos judiciales se encontraba la retractación pública de las afirmaciones realizadas.
Según consta en el proceso, Pachón Rodríguez manifestó posteriormente que su cuenta de X había sido hackeada, razón por la cual —según su versión— no podía cumplir la retractación desde esa plataforma. Ante esa situación, el juzgado modificó la forma de cumplimiento y ordenó que la retractación fuera publicada en el diario El Tiempo.
En el texto publicado posteriormente, firmado por Fany Dinora Pachón Rodríguez, se indica: “Me retracto de las publicaciones que proferí (…) y de las afirmaciones ofensivas que no me constan ni son veraces”.
Además, el documento señala expresamente:
“El mencionado señor no es un despojador de tierras ni se ha hurtado terrenos en el sector conocido como Serena del Mar”.
La publicación de la retractación se realizó en cumplimiento de las órdenes emitidas por el Juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.
- Desacatos, multas y órdenes de arresto
El expediente judicial también da cuenta de varios incidentes de desacato derivados del presunto incumplimiento de las órdenes impartidas dentro de la tutela.
En mayo de 2024 fue proferido un primer incidente de desacato que incluyó:
- Tres días de arresto,
- Multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Posteriormente, en octubre de 2025, Pachón Rodríguez se presentó ante autoridades policiales para cumplir la sanción de arresto impuesta. Más adelante, el juzgado abrió un segundo incidente de desacato tras considerar que el cumplimiento presentado no se ajustaba exactamente a lo ordenado judicialmente.
En diciembre de 2025 fue emitida una nueva sanción que incluyó:
- 10 días de arresto,
- Una nueva multa económica.
La decisión fue posteriormente confirmada en febrero de 2026.
En una de las providencias judiciales conocidas dentro del expediente se indica que: “los fallos judiciales no se hacen para cumplir caprichos particulares”.
- La investigación penal por presunto fraude a resolución judicial
Paralelamente al trámite de tutela y desacatos, la Fiscalía 59 Seccional Cartagena adelanta una investigación por el presunto delito de fraude a resolución judicial. La denuncia penal está relacionada con el incumplimiento reiterado de las órdenes impartidas por el Juzgado 16 Penal Municipal de Cartagena.
De acuerdo con el Código Penal colombiano, dicha conducta podría acarrear penas de prisión y sanciones económicas, dependiendo de lo que determinen las autoridades competentes dentro del proceso.
La audiencia de imputación de cargos había sido programada inicialmente para marzo de 2026, pero fue aplazada luego de que la indiciada informara que tenía compromisos médicos. La diligencia fue reprogramada para el 7 de mayo de 2026.
- Nuevas tensiones tras audiencia fallida
La más reciente controversia surgió precisamente tras el fracaso de la audiencia programada para mayo de 2026. En un documento dirigido al fiscal del caso, conocido públicamente en las últimas horas, la parte denunciante cuestionó la actuación del despacho investigador y habló de presuntas anomalías procesales, retrasos y posibles dilaciones.
En el escrito se afirma que el fiscal habría conocido previamente la ausencia de la indiciada y que la información no habría sido comunicada oportunamente a las demás partes.
El documento también señala inconformidades por la reprogramación de diligencias y por los tiempos procesales que ha tenido el caso. Además, la parte denunciante anunció que estudia presentar quejas disciplinarias relacionadas con el manejo del proceso. Hasta el momento, las autoridades judiciales no se han pronunciado públicamente sobre esos señalamientos.
- Un caso que sigue generando repercusión
Con el paso de los meses, el proceso dejó de ser únicamente una discusión en redes sociales y pasó a convertirse en un caso ampliamente comentado en Cartagena debido a la mezcla de elementos judiciales, mediáticos y políticos.
Actualmente, el expediente reúne:
- Publicaciones virales,
- Retractaciones judiciales,
- Incidentes de desacato,
- Sanciones económicas,
- Órdenes de arresto,
- Investigaciones penales,
- Cuestionamientos institucionales.
Mientras continúan las actuaciones judiciales, el caso sigue generando debate público y expectativa sobre las próximas decisiones que adopten las autoridades competentes.
