El corregimiento Pasacaballo en Cartagena de Indias se ha convertido en uno de los ejemplos complejos del desafío energético que enfrenta hoy la región Caribe colombiana. Detrás de cada interrupción del servicio, de cada transformador averiado y de cada protesta ciudadana, existe una realidad que durante años muchos han evitado discutir con profundidad: ningún sistema eléctrico puede sostenerse indefinidamente sin cultura de pago, legalidad en las conexiones y corresponsabilidad comunitaria.
La reciente contingencia registrada en un sector de Barú, producto de la avería de un transformador de 75 kVA, volvió a poner sobre la mesa un debate incómodo pero necesario. Mientras Afinia adelanta el reemplazo del equipo y despliega esfuerzos técnicos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, persiste una pregunta de fondo que el país debe hacerse con seriedad: ¿cómo garantizar inversiones, mantenimiento y expansión de la infraestructura en territorios donde el recaudo apenas alcanza niveles cercanos al 21% en sectores residenciales?
Las cifras son contundentes. Pasacaballo acumula una deuda superior a los 33.000 millones de pesos y presenta uno de los indicadores de recaudo más bajos de la región. Aun así, la empresa continúa operando, reparando redes, sustituyendo equipos, atendiendo emergencias y manteniendo la prestación del servicio en condiciones extremadamente difíciles desde el punto de vista financiero y operativo.
Resulta necesario reconocer que Afinia no enfrenta únicamente un problema técnico. Lo que ocurre en esta zona es el reflejo de una problemática estructural asociada a pobreza energética, informalidad, conexiones ilegales, pérdidas no técnicas y ausencia histórica de una cultura sólida de pago del servicio público. Pretender responsabilizar exclusivamente a la compañía por décadas de rezago institucional y social sería desconocer la complejidad real del problema.
En cualquier sistema eléctrico del mundo, el equilibrio financiero es indispensable para garantizar continuidad y calidad del servicio. Los transformadores, redes, subestaciones y equipos no se sostienen por sí solos. Requieren mantenimiento permanente, reposición tecnológica e inversiones multimillonarias que dependen, en buena medida, del pago oportuno de los usuarios y de condiciones mínimas de sostenibilidad económica.
Afinia, como filial del Grupo EPM, ha mantenido presencia operativa en territorios donde durante años existieron enormes dificultades de infraestructura y pérdidas elevadas. Lo ha hecho en medio de un entorno regulatorio exigente, fuertes presiones sociales y altos costos de operación. Pese a ello, continúa ejecutando acciones para mejorar la calidad del servicio y responder ante contingencias como la ocurrida recientemente en Barú.
El país también debe abrir una discusión más madura sobre la corresponsabilidad ciudadana frente a los servicios públicos. La energía no puede entenderse únicamente como un derecho; también implica deberes colectivos. El uso legal de la energía y el pago oportuno no son simples obligaciones comerciales: son condiciones fundamentales para que exista capacidad de inversión, modernización y estabilidad del sistema.
La solución de fondo para Pasacaballo no llegará únicamente desde la protesta o la presión coyuntural. Requiere un trabajo articulado entre empresa, comunidad, autoridades locales y Gobierno Nacional para construir un modelo sostenible que combine inversión social, formalización eléctrica, reducción de pérdidas y fortalecimiento de la cultura de pago.
Mientras tanto, es importante reconocer que, aun en medio de un escenario financiero adverso, Afinia sigue respondiendo, invirtiendo y operando en una de las zonas más complejas del Caribe colombiano. Y eso, en sí mismo, representa un esfuerzo que merece ser valorado con objetividad y responsabilidad.
