Cuatro años después del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en una playa de Cartagena de Indias, Colombia, su familia volvió a romper el silencio con un mensaje contundente: exigen saber quién ordenó el crimen que estremeció a Paraguay y sacudió a toda América Latina.
“A cuatro años de su muerte, exigimos la verdad. No estamos conformes. Queremos una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan”, expresó la familia Pecci en un comunicado divulgado este 10 de mayo, fecha en la que se conmemora el cuarto aniversario del crimen.
Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022 mientras disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, en una playa de Barú, cerca de Cartagena de Indias. Dos sicarios llegaron por mar y le dispararon frente a ella, en uno de los atentados más impactantes contra un funcionario judicial en la región.
Aunque la justicia colombiana logró capturar y condenar a siete personas vinculadas con la ejecución del crimen, el caso sigue marcado por una gran deuda judicial: todavía no se conoce oficialmente quién ordenó matar al fiscal que lideraba investigaciones contra estructuras del narcotráfico internacional.
La frustración de la familia ha crecido con el paso de los años. En el comunicado, los allegados del fiscal hicieron un llamado directo a las autoridades de Paraguay, Colombia y Estados Unidos para que no abandonen el caso. “No nos dejen solos. El tiempo pasa, pero el afán de justicia se enciende cada día más”, señalaron.
El asesinato de Pecci continúa generando fuertes cuestionamientos sobre el alcance del crimen organizado en la región y sobre la capacidad institucional para llegar hasta los autores intelectuales de atentados de alto perfil.
En Paraguay, incluso sectores políticos, judiciales y familiares del fiscal han cuestionado la falta de avances concretos en la investigación sobre la autoría intelectual. Días atrás, los hermanos de Pecci solicitaron nuevamente acceso a la carpeta fiscal, alegando falta de transparencia en el proceso.
El fiscal general paraguayo, Emiliano Rolón, reconoció recientemente que esclarecer quién ordenó el crimen ha sido “un tema difícil”, aunque aseguró que existe voluntad institucional para avanzar en la investigación.
En medio de las hipótesis que rodean el caso, el nombre del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset volvió a aparecer en el debate público. El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó meses atrás tener la “convicción” de que Marset estaría vinculado con el asesinato, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas concluyentes ante la justicia.
Pecci era considerado uno de los fiscales más importantes de Paraguay en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos. Lideraba investigaciones relacionadas con la megacausa antidrogas “Operación A Ultranza Py”, considerada una de las mayores ofensivas judiciales contra estructuras criminales en ese país.
A cuatro años del crimen, el caso sigue abierto, rodeado de interrogantes y convertido en símbolo de la amenaza que representa el crimen transnacional contra jueces, fiscales y funcionarios judiciales en América Latina.
